La defensa de Boluarte cuestiona la comisión de las protestas antes de que se instale

La defensa cuestiona la comisión antes de que nazca

Una denuncia constitucional contabilizó 49 muertos y 250 heridos por la represión de las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 EFE, y en septiembre de 2025 el Congreso la archivó por 12 votos contra 10 RPP. Con esa vía política ya cerrada, la bancada Ahora Nación propuso crear una comisión que investigue esas muertes. Antes de que el grupo llegue a instalarse, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ya se pronunció: sostuvo que quienes lo integren "necesitan cubrir favores" y que su informe "no servirá de nada" porque la Fiscalía ya investiga el caso RPP. Su objeción no apunta a los hechos del caso, sino al mecanismo mismo, antes de que empiece a funcionar.

La rendición de cuentas ya se cerró una vez

El argumento de que la Fiscalía ya investiga convive con otro dato: la vía política de rendición de cuentas también se abrió y se cerró. Lo que el Congreso archivó fue la Denuncia Constitucional 509 contra Boluarte y varios exministros por las muertes de diciembre de 2022 y enero de 2023 RPP. Y la existencia de una carpeta fiscal no vuelve redundante al Parlamento: el Reglamento del Congreso, en el inciso f) de su artículo 88, dispone que "la intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial en los asuntos de interés público sometidos a investigación por el Congreso, no interrumpen el trabajo de las Comisiones de Investigación" Congreso. Son carriles distintos de responsabilidad, el penal y el político, y cada uno sigue su curso.

Un antecedente que no cambió el desenlace

En enero de 2023, el Congreso ya había aprobado una comisión investigadora sobre las mismas protestas, con 71 votos a favor y 45 en contra Panamericana. Menos de tres años después, la denuncia constitucional que corría en paralelo terminó archivada. La lección no es que investigar sea inútil, sino que una comisión sin consecuencias se vuelve un expediente más: sin conclusiones que la sostengan, la investigación no cambia el desenlace y las preguntas sobre lo ocurrido siguen sin una respuesta del Estado.

La moción y sus números

La iniciativa de Ahora Nación propone indagar los decesos y las presuntas violaciones de derechos humanos entre diciembre de 2022 y febrero de 2026, con un plazo de 90 días hábiles, y pasará primero por la Junta de Portavoces RPP. El balance que la fundamenta suma 49 civiles muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, 11 civiles por hechos ligados a bloqueos, 7 miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, y 1,956 heridos RPP: 67 fallecidos en total bajo ese conteo. Conviene no confundir dos cifras que coinciden en el número: el 49 de la moción cuenta solo a los civiles caídos en enfrentamientos, mientras que los 49 fallecidos de la Denuncia Constitucional 509 son el total de muertes de la fase más aguda, la de fines de 2022 e inicios de 2023. Sobre ese periodo, Amnistía Internacional documentó 25 de esas 49 muertes y concluyó que al menos 20 podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales Amnistía Internacional.

Lo que está en juego para quien vive aquí

Para las familias de Ayacucho, Puno, Cusco o Apurímac esto no es un pleito de bancadas: es la diferencia entre una verdad reconocida y un expediente archivado. Para el resto, la pregunta es más simple. Si decenas de muertes en la vía pública pueden quedar sin responsable político ni judicial, el mensaje que queda es que protestar puede costar la vida sin que nadie rinda cuentas. Eso no solo golpea a los deudos: debilita el derecho a exigir, que es el único instrumento de quien no tiene cargo ni influencia frente al poder.