Indultos y gracias: la línea que Álvarez traza para Toledo y Castillo
El Ejecutivo fija por adelantado un criterio frente a los pedidos de gracia de dos expresidentes. Qué dice el estándar interamericano y constitucional sobre gracia, indulto e impunidad, y por qué la regla es la misma para cualquier interno.
Por Qhawaq
La línea se traza antes de decidir
El primer pronunciamiento del Ejecutivo sobre indultos no abrió una puerta: fijó por adelantado un criterio. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, dijo este martes que no se pueden "instrumentalizar" indultos ni gracias presidenciales "en procura de la impunidad", y ancló esa lectura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional El Comercio. Recordó, además, que el primer ministro Luis Galarreta ha dicho que el tema no está en la agenda del Gobierno El Comercio. Es la posición oficial del Ejecutivo sobre dos pedidos que ya están sobre la mesa, formulada antes de resolverlos.
Dos casos, una sola regla
A Toledo y a Castillo se les mide con el mismo rasero, pese a la naturaleza distinta de sus delitos. Alejandro Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses por el caso Interoceánica Sur La República, tras recibir sobornos de Odebrecht por US$35 millones El Comercio. Tiene 81 años y su pedido de gracia, presentado el 13 de julio, invoca razones humanitarias al amparo del artículo 118, inciso 21, de la Constitución América TV. La presidenta Keiko Fujimori ya adelantó que se evaluará con criterios técnicos, médicos y humanitarios La República. Pedro Castillo, condenado a 11 años y medio en primera instancia por el golpe de Estado de diciembre de 2022 El Comercio, tiene el camino más cuesta arriba: la solicitud que presentó el congresista Elías Varas fue rechazada porque no definía el tipo de gracia ni cumplía los requisitos documentales El Comercio, y el pedido de su familia sigue pendiente La República. El requisito que se invoca para ambos es el mismo: la gracia no es un derecho automático por cumplir 75 años; se requieren 80 años y una enfermedad grave, y aun así se evalúa El Comercio.
La gracia no es un botón de revisión de sentencias
El estándar que la declaración invoca no es nuevo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional en la que Álvarez ancla su lectura sostiene que la gracia y el indulto no pueden instrumentalizarse para garantizar impunidad El Comercio. Bajo ese estándar, la gracia presidencial es un mecanismo excepcional para resolver situaciones de salud o de humanidad, no una vía para reabrir casos que la justicia ya resolvió. Si operara para excarcelar a un condenado por corrupción en la obra pública o por el intento de disolver el Congreso, la condena duraría lo que dure la voluntad del gobernante de turno. Ese es el riesgo que el estándar busca cerrar: que el perdón se convierta en un intercambio entre el poder y sus antiguos ocupantes.
Lo que está en juego para el ciudadano
Lo que se resuelve no es la suerte de dos expresidentes, sino la regla que le toca al ciudadano de a pie. Quien cumple la ley financia con sus impuestos un Estado que no debería poder perdonarse a sí mismo. Si la gracia se desvirtúa, la cárcel deja de ser una consecuencia cierta del delito y la corrupción pasa a ser un riesgo con descuento. El principio en juego es la igualdad ante la ley: el mismo requisito de edad y enfermedad para un expresidente que para cualquier interno anónimo, y la misma prohibición de usar el perdón para borrar la responsabilidad por los daños causados al país. Ese estándar no depende de quién lo enuncie desde el gobierno ni de la decisión que finalmente se tome sobre Toledo o Castillo: rige por igual, y es la vara con la que el ciudadano puede medir lo que se decida.