EsSalud en emergencia y facultades a la vista: reforma sanitaria o vehículo laboral

La urgencia que el Ejecutivo quiere imprimirle al trámite

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, lo dijo sin rodeos el lunes 10 de agosto: el pedido de delegación de facultades "debería tratarse ese tema ya" en el Consejo de Ministros de esta semana, aunque admitió que "aún no nos ha llegado la agenda" El Comercio. La presidenta Keiko Fujimori había adelantado días antes que el texto estaría listo para ser presentado al Congreso El Comercio. El mensaje es inequívoco: el gobierno quiere 120 días de facultades legislativas y los quiere cuanto antes La República.

Lo que el borrador contiene y la presidenta matiza

El texto preliminar del proyecto, filtrado a fines de julio, es ambicioso y abarca desde seguridad hasta materia laboral y tributaria La República. En lo laboral propone crear un nuevo régimen general con acceso progresivo a derechos como CTS, gratificaciones y vacaciones según el nivel remunerativo del trabajador; flexibilizar el despido por causas objetivas reduciendo el umbral para ceses colectivos; modificar la ley de inspección laboral con un enfoque "preventivo y orientador"; promover bonos por productividad sin carácter remunerativo, lo que los excluiría de la base de cálculo de beneficios y aportes a la seguridad social; y reducir el número de feriados no laborables La República. También contempla medidas para el empleo juvenil que reeditan la lógica de la derogada Ley 30288, conocida como "ley Pulpín" La República.

La presidenta declaró que no recortará feriados ni derechos laborales, pero el borrador existe y circula. La tensión es evidente: se niega el contenido más polémico en público mientras el texto que lo habilitaría sigue en circulación.

EsSalud, ¿el fin de la reforma o su envoltorio?

En paralelo, Sheput ha calificado la situación del Seguro Social como un "desastre" y ha anunciado una auditoría profunda sin descartar la declaratoria de emergencia La República. La crisis es real: los más de 12 millones de asegurados enfrentan desabastecimiento de medicamentos, citas diferidas e infraestructura deteriorada Salud con Lupa. Pero la coincidencia temporal entre la emergencia del seguro social y el paquete de reformas laborales levanta una pregunta incómoda: ¿es EsSalud el fin de la delegación o su pretexto más eficaz?

Una declaratoria de emergencia en el seguro social le daría al Ejecutivo una narrativa poderosa para justificar un paquete legislativo amplio: la protección social está en crisis y hay que actuar con decretos, no con debates. El punto débil de esa lectura es que la protección social que el proyecto propone reformar no es la que está en crisis. Los hospitales colapsados de EsSalud no se arreglan reduciendo feriados ni flexibilizando el despido.

El espejo de los noventa

No es la primera vez que un gobierno recién instalado pide facultades para reformar el mercado laboral. De ese tipo de delegación nació, en 1991, el Decreto Legislativo 728, la Ley de Fomento del Empleo que se convirtió en la columna vertebral de la flexibilización laboral peruana y en el origen de buena parte de la precariedad que el sistema arrastra tres décadas después SciELO. La diferencia ahora es que el Ejecutivo no solo cuenta con una mayoría parlamentaria afín, sino también con una emergencia social que le presta el argumento de la urgencia; en los noventa, esa reconfiguración del mercado laboral terminó de asentarse al amparo del autogolpe de 1992.

Lo que está en juego para el trabajador

En un país donde apenas el 5% de los trabajadores del sector privado formal está afiliado a un sindicato, cifra que en 2025 cayó a 4.8%, la negociación individual que el proyecto promueve difícilmente será equilibrada: sin un sindicato que lo respalde, el trabajador negocia en desventaja frente al empleador Índice.pe. Si las gratificaciones y la CTS se vuelven negociables, si los feriados se reducen y el despido se flexibiliza sin fortalecer la contratación estable, el resultado no es necesariamente más empleo formal: puede ser el mismo empleo formal, pero con menos derechos y menor costo para el empleador.

El ciudadano que hoy aporta a EsSalud y espera que su seguro funcione merece una reforma que empiece por los hospitales, no por su boleta de pago. La delegación de facultades puede ser una herramienta legítima de gobierno, pero usarla para introducir una reforma laboral regresiva bajo el manto de la emergencia sanitaria no sería eficiencia: sería un atajo. Y los atajos, en política social, suelen pagarlos los que menos tienen.