El MEF tiene el diagnóstico, falta la terapia

El TC como atajo fiscal

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció el 7 de agosto que el Ejecutivo presentará demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra cuatro leyes aprobadas por el Congreso anterior por su costo fiscal RPP. Las normas en la mira, que Cuba calificó de "bombas de tiempo" presupuestales, son la Ley 32581 (pensión de maestros jubilados elevada a S/3,500.70), la Ley 32561 (pensión militar y policial), la Ley 32563 (gratificaciones y CTS para trabajadores CAS) y la Ley 32424 (homologación del incentivo CAFAE para el régimen 276) El Tiempo. En el caso de la 32561, el nuevo régimen eleva la pensión de retiro hasta el 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio La República.

El argumento constitucional tiene respaldo. El 10 de julio, el propio TC, en el expediente 00018-2023-PI/TC, restableció como criterio vinculante que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, ni para el presupuesto vigente ni para ejercicios futuros, y que toda propuesta con impacto fiscal debe coordinarse con el MEF y contar con un informe de sostenibilidad TC. Las cuatro leyes impugnadas se aprobaron sin ese trámite. Formalmente, el reclamo es sólido.

Pero gobernar no es litigar. Y eso es lo que revela el anuncio: un Ejecutivo que elige el camino del tribunal porque no ha presentado, o no tiene, un plan de ordenamiento fiscal que vaya más allá de impugnar lo que el Congreso anterior ya aprobó.

Lo que el MEF sí dice (y con razón)

Las cifras que exhibe el ministro Cuba tienen respaldo técnico. Solo la Ley 32561, el nuevo régimen de pensiones militares y policiales, generaría un costo fiscal neto adicional de aproximadamente S/46,000 millones en valor presente, según la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal La República. El régimen militar-policial ya concentra cerca del 50% de los subsidios estatales a pensiones con apenas el 9% de los pensionistas, y su gasto anual supera los S/5,600 millones para unas 160,000 personas La República.

El MEF advierte que, sin acción, el déficit fiscal pasaría de 1.8% a 3% del PBI durante los próximos cinco años y pondría en riesgo el grado de inversión del país El Tiempo. La deuda pública, en ese escenario, podría aproximarse al 35% del PBI gob.pe. Para financiar esas leyes sin quebrar las cuentas, dijo Cuba, habría que subir el IGV en dos puntos porcentuales: "No queremos cargar a la población por algo que, además de ilegal, es injusto para todos los ciudadanos" Andina.

Lo que el MEF no está diciendo

El problema no es el diagnóstico. Es la terapia. El mismo día que anunció las demandas, Cuba presentó su paquete de medidas: cuatro comisiones presidenciales para reformar la informalidad laboral, los mercados financieros, la inversión pública y la evasión tributaria gob.pe. Son comisiones que producirán propuestas. No hay, en cambio, una hoja de ruta concreta para reordenar el gasto corriente, reformar el sistema previsional de manera integral o definir qué capacidad real tiene el Estado para honrar los derechos que el propio sistema político ya reconoció.

El Consejo Fiscal ha documentado que entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso, más del doble del promedio de los últimos 15 años, lo que podría generar una presión equivalente a un déficit adicional de hasta 3% del PBI anual La República. Pero la solución no puede ser solamente judicial. Un plan de ordenamiento fiscal exigiría revisar la estructura completa del gasto en personal y pensiones, incluyendo los regímenes especiales, no solo impugnar las leyes que llegaron del Congreso.

La factura que pagan los de siempre

Mientras el MEF y el Congreso miden fuerzas en el TC, hay ciudadanos concretos esperando. El maestro jubilado que vio aprobada una pensión de S/3,500.70 El Tiempo y que ahora descubre que el gobierno la considera una "bomba de tiempo". El trabajador CAS que esperaba alcanzar el 100% de gratificación y CTS para 2030 y que hoy no sabe si ese derecho sobrevivirá al tribunal. El policía que planificó su retiro confiando en una ley que el propio Estado ahora quiere anular.

Nada de esto convierte al MEF en el villano de la película: la sostenibilidad fiscal no es un capricho de economistas, es la condición para que cualquier derecho se vuelva efectivo. Pero gobernar es también decidir qué se gasta y en quién, no solo qué se impugna. Si el Ejecutivo no presenta pronto un plan que explique cómo va a ordenar la casa, y no solo cómo va a cerrar la puerta del tribunal, la factura la pagarán, como siempre, los que no tienen a quién demandar.