El MEF y una política de gasto que se contradice en un solo fin de semana

El mismo sábado, tres decisiones que no conversan

El sábado 9 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomó tres decisiones que, puestas una al lado de la otra, describen una política de gasto sin un criterio único.

Primero, el ministro Elmer Cuba fijó el cronograma para subir la Remuneración Mínima Vital (RMV): S/100 entre octubre y noviembre de 2026 y S/70 en abril de 2027, con lo que el sueldo mínimo pasaría de S/1,130 a S/1,300. El aumento se hará en dos tramos para amortiguar el impacto en los precios y en las microempresas Andina. La RMV, fijada en S/1,130 desde enero de 2025 por el Decreto Supremo 006-2024-TR, rige para el régimen laboral privado, de modo que el costo del alza recae sobre el empleador y no sobre el Tesoro El Peruano.

Segundo, en la misma jornada Cuba criticó la ley del Congreso que garantiza a militares y policías una pensión equivalente al 100% del último sueldo. La calificó de "inadmisible" y sostuvo que "no ocurre en ninguna parte del mundo" Gestión.

Tercero, ese mismo día el Gobierno autorizó por decreto supremo una transferencia de S/443,597,223 a los ministerios de Defensa e Interior para financiar obligaciones de la Caja de Pensiones Militar Policial. Del total, S/166,059,844 corresponden al sector Defensa, con cargo a la reserva de contingencia del MEF; la norma no detalla el origen de los S/277 millones restantes, destinados al sector Interior Andina.

Tres decisiones, tres lógicas, tomadas por el mismo ministerio en un solo fin de semana.

Dos varas para medir el gasto

El contraste está en el criterio. Para el sueldo mínimo, el MEF aplica prudencia fiscal: gradualidad, dos tramos y un costo que recae sobre el empleador privado. Cuba justificó esa cautela señalando que "los salarios reales están creciendo" y que conviene evitar un alza de golpe que presione los precios o empuje a las microempresas a recortar personal Andina. Para las pensiones militares y policiales, en cambio, la respuesta del mismo fin de semana fue un decreto que movió recursos públicos hacia la Caja, el mismo día en que el ministro calificaba de "inadmisible" el régimen que las sostiene.

La transferencia de S/443 millones cubre obligaciones del año fiscal 2026, pero no cierra el problema de fondo. El propio MEF calcula que las pensiones militares y policiales no presupuestadas costarán alrededor de S/2,500 millones solo en el segundo semestre de 2026, una cifra comparable a lo que demandará la atención del Fenómeno El Niño en ese mismo período Andina. La ley del Congreso que eleva esas pensiones al 100% del último sueldo, junto con otra que hace lo mismo con las de los maestros por unos S/9,000 millones anuales, es parte de lo que el Ejecutivo ahora busca revertir.

Lo que no se ve en la boleta

La contradicción no es solo técnica: se traduce en decisiones concretas. El trabajador que gana el mínimo verá subir su sueldo entre octubre y noviembre, pero si su empleador es una microempresa, ese mismo aumento puede volverse un riesgo para su puesto o un empujón hacia la informalidad. El pensionista militar cobrará este año porque el Gobierno autorizó la transferencia de S/443 millones, de los cuales solo S/166,059,844 salieron de la reserva de contingencia del MEF; el resto se cubrió con otras partidas cuyo origen la norma no precisa. El próximo año, el hueco seguirá allí.

El Estado peruano no maneja una sola política de gasto, sino decisiones sectoriales que el MEF intenta ordenar caso por caso. Mientras el sueldo mínimo y las pensiones respondan a lógicas distintas, una con costo privado y calendario prudente, la otra con costo fiscal y urgencia heredada, seguirá siendo difícil saber cuánto cuesta, y quién paga, cada promesa.