Nueve meses para una ley: el bicameralismo como filtro o como traba
La vía ordinaria puede tardar hasta nueve meses en promulgar una ley, mientras el Ejecutivo pide facultades por 120 días para legislar sobre seguridad. Quién controla los atajos define si la doble cámara es filtro o traba.
Por Qhawaq
El cronómetro bicameral
Un proyecto de ley por la vía ordinaria puede tardar hasta nueve meses en promulgarse en el nuevo Congreso bicameral, inaugurado esta primera semana de agosto. El reglamento que estrena la cámara establece los tiempos del proceso, y esa vía, la que seguirá la mayoría de proyectos, exige paciencia institucional. La comisión de Diputados dispone de hasta 60 días hábiles para dictaminar; tras siete días calendario de publicación, el Pleno debate y vota; el expediente pasa luego al Senado, cuya comisión tiene hasta 90 días hábiles adicionales, más otros siete días de publicación, antes del debate final. El presidente de la República suma otros 15 días para promulgar u observar. Todo suma, sin contratiempos, cerca de nueve meses La República.
Las válvulas de escape y quién las controla
El mismo reglamento prevé atajos. La vía de urgencia comprime los plazos a 15 días hábiles improrrogables en Diputados y siete en el Senado, con un solo día de publicación en cada cámara: poco más de un mes. La vía exonerada, heredada del unicameralismo, permite que un proyecto se apruebe en 48 o 72 horas si la Junta de Portavoces de Diputados lo libera de comisiones y dictamen con el voto de tres quintos de sus miembros La República. Pero ambas válvulas dependen de un órgano que delibera a puerta cerrada: la Junta de Portavoces. Ella aprueba la agenda de cada sesión, decide qué proyectos se tramitan con urgencia y cuáles se exoneran. El reglamento fija plazos para dictaminar, no para agendar. Un dictamen aprobado por unanimidad puede dormir meses sin que ninguna norma obligue a llevarlo al Pleno La República.
La agenda de seguridad, en espera
El gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso delegación de facultades legislativas por 120 días sobre un abanico amplio de materias, entre ellas seguridad ciudadana y reforma del Estado, además del régimen laboral y tributario La República. Ese pedido, que incluye el control militar de penales y reformas al código penal y procesal penal ANP, no puede exonerarse del debate parlamentario: la propia solicitud de facultades debe recorrer ambas cámaras. Diputados la recibe y vota primero, el Senado revisa después. Si el trámite de la ley autoritativa se demora, los decretos legislativos se postergan. Y si la delegación se aprueba, cada decreto emitido por el Ejecutivo deberá ser revisado por la Comisión de Control Político del Senado, que puede derivarlo al Pleno para su modificación o derogación La República. El mismo diseño bicameral que se presenta como garantía de calidad legislativa añade capas de revisión que el Ejecutivo no controla.
El ciudadano que espera
Nueve meses son un plazo razonable para una reforma constitucional; para una ley que endurezca penas contra la extorsión son una eternidad. El Perú de 2026 no puede darse el lujo de esperar tres trimestres para que el Congreso decida si quien extorsiona a un transportista merece una sanción más severa. La doble cámara puede mejorar la calidad del debate legislativo, y ese es su propósito declarado, pero también puede convertirse en un cuello de botella donde las urgencias ciudadanas se diluyan en sucesivas lecturas. La diferencia entre filtro y traba no la define el reglamento: la define la voluntad política de priorizar la agenda de seguridad sobre el cálculo partidario. Mientras tanto, en la calle, el tiempo corre más rápido que en el hemiciclo.