PetroPerú: el regreso de Oliver Stark y quién gobierna a la petrolera estatal

Una doble noticia, un solo síntoma

El 5 de agosto de 2026, el directorio de PetroPerú aprobó una reestructuración organizacional que creó dos gerencias y una oficina nuevas, reorganizó otras dos y asignó aumentos salariales inmediatos. Lo hizo a espaldas de ProInversión, que preparaba su propio Plan de Gobernanza Corporativa, y desoyendo la solicitud expresa del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori, que desde el 7 de julio había pedido a todas las entidades estatales abstenerse de cambios no esenciales, según reveló El Comercio. Horas después, en la noche del 6 de agosto, el Ejecutivo respondió: removió a cuatro directores, incluido el presidente Edmundo Lizarzaburu, y puso a Oliver Stark de vuelta al timón. La secuencia no es una anécdota burocrática. Es la radiografía de una empresa estatal que actúa como un poder fáctico dentro del propio Estado.

El diagnóstico que nadie quiso escuchar

Stark no llega de cero. En mayo de 2024, cuando presidía el directorio transitorio, renunció en bloque tras advertir que la situación financiera de PetroPerú era "extremadamente grave". Su diagnóstico fue implacable: pérdidas proyectadas de US$ 716 millones para ese año, una participación de mercado desplomada del 51% al 25%, y una necesidad de US$ 2,200 millones adicionales de respaldo estatal que, sin cambios estructurales, calificó de irresponsable, según documentó RPP. Dos años después, la hemorragia no se ha detenido. PetroPerú cerró 2025 con una pérdida neta de US$ 468.3 millones, acumulando cuatro años consecutivos en rojo, una deuda superior a los US$ 5,000 millones y un capital de trabajo negativo de US$ 1,558 millones, según Semana Económica. Voceros de ProInversión han descrito a la empresa como "virtualmente en situación de quiebra", reportó Revista Economía. En mayo de 2026, el gobierno interino de José María Balcázar ya había autorizado un rescate de hasta US$ 2,000 millones mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, según Latina Noticias. Stark vuelve, pero la enfermedad que denunció sigue intacta.

Reestructurarse a espaldas del accionista

La reorganización aprobada el 5 de agosto es elocuente. Se crearon la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Oficialía de Prevención de Lavado de Activos, además de reconfigurar las gerencias Logística y Legal con incrementos remunerativos, según El Comercio. Todo esto mientras ProInversión avanzaba, desde febrero de 2026, en un Plan Marco de Reorganización Patrimonial Integral diseñado para incorporar inversión privada y recuperar la sostenibilidad, según el propio Gob.pe. La maniobra del directorio saliente no fue técnica: fue un blindaje de espacios de poder en vísperas del cambio de mando. Que una empresa estatal se reorganice sin consultar al ente encargado de reestructurarla y desafiando la orden explícita del nuevo gobierno no es descoordinación. Es una declaración de autonomía.

Quién gobierna a quién

La pregunta que deja esta crisis no es si Stark podrá enderezar PetroPerú. Es si el Estado peruano está en capacidad de gobernar a su propia petrolera. Stark fue el primero en recomendar una administración privada, según La República, y una auditoría forense de la Nueva Refinería de Talara que aún no se ha ejecutado, según El Comercio. El gobierno de Keiko Fujimori lo trae de vuelta con el encargo de coordinar esa reestructuración con ProInversión. Pero la petrolera ya mostró, en el último suspiro del directorio saliente, que tiene reflejos propios y que no espera a que el accionista, el Estado, es decir, todos los peruanos, tome la iniciativa. Si Stark no logra imponer la lógica del Tesoro sobre la inercia corporativa, su segundo acto será tan efímero como el primero.

Lo que significa para el bolsillo ciudadano

Cada dólar que PetroPerú pierde es un dólar que el Tesoro Público debe cubrir con deuda, impuestos o recortes en salud, educación e infraestructura. Con una deuda que supera los US$ 5,000 millones, y mientras la petrolera se reestructura a sí misma para preservar gerencias y sueldos, el ciudadano observa sin saber cuánto más deberá poner. La primera decisión de alta tensión económica del nuevo gobierno no es un capítulo más en la saga de Talara: es la prueba de si el Ejecutivo gobierna sus empresas o si ellas se gobiernan solas, con la caja fiscal como respaldo incondicional.