Armar a los serenos: una respuesta de campaña que no ataca el fondo
De Pomar (PPC) propone que los serenos de Lima usen armas de fuego. La ley solo autoriza medios no letales y el problema real es la falta de inteligencia criminal, no de pólvora.
Por Qhawaq

La propuesta que seduce en campaña
En plena campaña por la Alcaldía de Lima, las soluciones fáciles ganan titulares. Edgardo de Pomar, candidato del PPC, propuso esta semana que los serenos metropolitanos usen armas de fuego. "No podemos lanzarlos con pistolitas eléctricas", declaró en RPP, y aseguró que bastarían seis meses de capacitación para que los agentes municipales enfrenten a delincuentes armados RPP. La propuesta no es aislada: en diciembre de 2025, el actual alcalde Renzo Reggiardo ya había planteado una guardia municipal con armas de fuego de uso civil y bajo calibre, afirmando que el 75% de la población respaldaba la medida El Comercio. Estas iniciativas seducen porque ofrecen una respuesta visible e inmediata a la angustia ciudadana. Pero confunden el problema de fondo.
Lo que la ley permite (y lo que no)
El marco legal actual solo autoriza medios de defensa no letales, y por buenas razones. Tras la modificación del artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, por la Ley 32312, la lista de medios permitidos se limita a grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque Ley 32312. La Ley 32292 elevó además los requisitos de ingreso: incorporó el artículo 7-A, que exige aprobar un concurso público de méritos con evaluaciones de aptitud física, psicológica y de conocimientos Ley 32292. Pero en ningún artículo se contemplan armas de fuego. Para que un sereno pudiera portar un arma letal, el Congreso tendría que modificar la ley, y cada municipio necesitaría diseñar protocolos de selección, formación continua, evaluación psicológica periódica, supervisión y rendición de cuentas que hoy no existen. Lo que De Pomar ofrece en campaña no tiene asidero legal ni institucional.
El rostro real de la amenaza
La noticia que contextualiza este debate llegó el mismo día. La PNP capturó en Ate a cuatro presuntos integrantes de la banda "Los injertos forajas", vinculada a sicariato y extorsión RPP. Los detenidos, tres adultos y una menor de 17 años, tenían en su poder un arma de fuego, sustancias tóxicas y un explosivo. Según la Dirincri, recibían órdenes desde un penal. Se les atribuye el incendio de un local de madera cuyo dueño se negó a pagar cupos; las pérdidas superan el millón de soles. Este es el nivel de organización criminal que opera en Lima: estructuras con mando externo, capacidad de fuego y disposición a matar. Ningún sereno, por más capacitado que esté, está preparado para ese perfil de amenaza.
Inteligencia, no pólvora
La seguridad ciudadana no se resuelve sumando armas sino inteligencia criminal, investigación y prevención. En todo el país hay 39,591 serenos municipales INEI. La Municipalidad de Lima despliega apenas 400 en el Cercado Andina. El problema no es que les falten balas: es que no existe un sistema integrado de información criminal entre la PNP, las municipalidades y el Ministerio Público que permita anticipar y desarticular organizaciones como "Los injertos forajas". La propuesta de De Pomar evita deliberadamente hablar de crear una Policía Municipal, que él mismo rechazó en la misma entrevista RPP, y en cambio ofrece un atajo: más armas.
Lo que significa para el ciudadano
Para el comerciante de Ate al que le quemaron el negocio por no pagar cupo, para el transportista extorsionado y para la familia que escucha balaceras de madrugada, la pregunta no es si el sereno debe tener o no un arma. La pregunta es por qué las bandas siguen operando con impunidad, por qué las denuncias no escalan a investigaciones efectivas y por qué el Estado no llega antes del incendio. Armar a los serenos sin doctrina de uso de la fuerza, sin cadena de mando clara, sin inteligencia criminal y sin supervisión judicial convierte a un agente de prevención en un factor de riesgo adicional. La seguridad no se compra con propuestas de campaña: se construye con instituciones que investiguen, sancionen y prevengan.