El indulto como política de Estado: los pedidos de gracia que llegan al Ejecutivo

La primera semana y el sobre sin abrir

Apenas seis días después de asumir la presidencia, Keiko Fujimori recibió un mensaje desde el penal de Barbadillo. Alejandro Toledo, 81 años, dos condenas por corrupción, 20 años y 6 meses por el caso Interoceánica Sur y 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva, le pidió que acelere su gracia presidencial porque no quiere "morir en la cárcel" EFE. La presidenta respondió que evaluará el pedido "con carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria", pero que antes debe designar a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales El Comercio. La Comisión no existe todavía. El pedido sí.

El mismo día, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró que el caso de Toledo debe evaluarse según los tratados internacionales que protegen a los mayores de 80 años y consideró que en los magistrados hoy hay una "insensibilidad absoluta" RPP. No es un detalle menor: la Defensoría no pide el indulto, pero da respaldo al camino humanitario.

Cuatro sillas en Barbadillo, un solo expediente sobre la mesa

Toledo no es el único expresidente que mira hacia Palacio. En el caso de Pedro Castillo, procesado por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 y aún sin sentencia firme, el vocero de Juntos por el Perú y exministro de Defensa Walter Ayala declaró que "no descarto eso, veremos en su momento" sobre solicitar el indulto, y aclaró que la decisión corresponde solo a Castillo Exitosa. La Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno de José María Balcázar ya rechazó al menos dos solicitudes previas por no cumplir los requisitos reglamentarios, y el propio Balcázar, al entregar el mando, declaró que el tema "estaba fuera de su mandato" La República. Lo trasladó íntegro al nuevo gobierno.

En campaña, Fujimori ya había dicho que un eventual indulto "se puede evaluar, sí, de forma humanitaria", solo si estuviera en juego la salud o la vida de un expresidente, y no como gesto político La República. La respuesta deja el pedido abierto sin fijar un calendario. Mientras tanto, en Barbadillo conviven cuatro expresidentes, Toledo, Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, todos con condena o prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial Andina.

El péndulo: de Alberto Fujimori a Toledo

La gracia presidencial está en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución. Es una atribución discrecional del presidente: permite conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia sin que intervenga el Poder Judicial IDEHPUCP. Es, por diseño, una válvula política en un sistema de justicia que rara vez llega a sentencia firme en tiempo razonable.

Keiko Fujimori conoce esa válvula desde adentro. Su padre, Alberto Fujimori, fue indultado en 2017 por razones humanitarias, en una decisión que desató un forcejeo judicial de años: el indulto fue anulado, luego restituido por el Tribunal Constitucional. Ahora es ella quien sostiene el tampón. Y el círculo se cierra con un dato: Eliane Karp, esposa de Toledo, le pidió que "se acuerde de lo que ha pasado con su papá y con ella, que ha estado en la cárcel también" EFE.

La Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024, ya permite que los condenados mayores de 80 años con enfermedades graves cumplan su pena en arresto domiciliario El Comercio. Toledo tiene esa vía abierta y la Corte Suprema fijó para el 14 de septiembre la audiencia de calificación de su recurso de casación. El indulto, por tanto, no es la única salida: es la más rápida y la más política.

Lo que significa para el ciudadano que no vive en Barbadillo

Cuando la gracia presidencial se discute solo para expresidentes, aflora una vieja pregunta sobre la igualdad ante la ley: si la justicia corre a una velocidad para quienes ocuparon Palacio y a otra para el resto. Ni el cáncer ni la edad de Toledo son irrelevantes, y la Defensoría insiste en que la protección a los mayores de 80 años es un derecho. Del otro lado están quienes advierten que miles de presos mayores sin defensores ilustres ni cobertura mediática no reciben la misma celeridad ni el mismo acompañamiento.

La tensión de fondo enfrenta dos lecturas: la gracia como acto humanitario frente a un preso enfermo y anciano, y la preocupación de que se vuelva la vía de cierre de casos que la justicia no alcanzó a resolver a tiempo. Cada gracia que se concede antes de una sentencia firme reabre ese debate sobre la legitimidad del Estado de derecho. Y el ciudadano, que paga impuestos, hace colas y cumple normas, observa desde afuera cómo esas decisiones se toman caso por caso.