Un juez con ocho investigaciones sigue despachando: Varillas, Orellana y la reforma que no llega

El 7 de agosto de 2026, un colaborador eficaz de la organización criminal de Rodolfo Orellana confesó algo que el sistema judicial peruano ya no puede fingir que desconoce: el juez Juan Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Comercial de Lima, recibió un soborno de US$30,000 para ejecutar un embargo ilegal por S/7,192,000 contra el Gobierno Regional de Arequipa, según reveló La República. Hay un video de los implicados repartiéndose el dinero. Hay una disposición del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez que autorizó la acción penal por cohecho pasivo específico. Y sin embargo Varillas sigue hoy despachando en su juzgado como si nada hubiera pasado.

Ocho investigaciones, dos suspensiones y un despacho intacto

El caso Varillas no es un tropiezo aislado. Según documentó el Ministerio Público, el magistrado acumula ocho investigaciones penales por delitos que abarcan prevaricato, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, como recogió el editorial de La República. Fue suspendido dos veces, entre 2016 y 2017 por la desactivada OCMA, y entre 2024 y 2025 por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y en ambas ocasiones regresó al mismo despacho, según detalló La República. La Unidad de Sanción y Apelación pidió su destitución el 17 de octubre de 2024; casi dos años después, el expediente sigue en tránsito entre la burocracia de control y la Junta Nacional de Justicia, según la misma fuente.

Mientras tanto, Varillas siguió dictando medidas cautelares de alto impacto. En junio de 2026 frenó la venta del Grupo El Comercio, una operación cercana a los US$50 millones, con una contracautela de apenas US$50,000, el 0.1% del valor en juego, según informó Caretas. También aparece mencionado en los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, donde el prófugo exjuez César Hinostroza le pide atender a un abogado amigo a cambio de apoyo en su ascenso, como recogió el editorial de La República.

El control disciplinario que selecciona a quién investigar

La Junta Nacional de Justicia inició una investigación disciplinaria contra Varillas en junio de 2023. Con el cambio de colegiado en la JNJ, ese expediente, según La República, "permanece encarpetado". El contraste es revelador: la misma JNJ que ha abierto procedimientos contra magistrados supremos por aplicar tratados internacionales de derechos humanos guarda silencio frente a un juez con ocho investigaciones penales. El sistema de control no es incapaz: es selectivo.

Orellana está condenado; el juez que le abrió la puerta, no

Rodolfo Orellana recibió una condena total de 20 años de prisión por el caso Oncoserv, desglosados en 5 años por cohecho pasivo específico y 15 años por lavado de activos, según sentencia del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional recogida por El Comercio. A esa pena se suman otras dos condenas en procesos distintos: cinco años por sobornar al exfiscal Eduardo Egusquiza para archivar una investigación en su contra, según La República, y seis años por pagar a un juez de Huaura para frenar dos pesquisas por lavado de activos, según Infobae. Pero la pieza que permitió que la maquinaria funcionara, el magistrado que firmó la medida cautelar, sigue en su despacho. La organización criminal no podría haber desfalcado al Gobierno Regional de Arequipa sin una resolución judicial. Y esa resolución la firmó Varillas.

La agenda que no llega

La reforma estructural del sistema de justicia, la que atacaría el corazón del problema que el caso Varillas ejemplifica, no aparece entre las prioridades visibles del nuevo Congreso bicameral. Sin una depuración real del Poder Judicial, sin un control disciplinario que funcione con criterios uniformes y sin un sistema de nombramientos que filtre a quienes tienen ocho investigaciones abiertas, ningún plan de seguridad devolverá la confianza en las instituciones.

Lo que significa para quien no litiga en un juzgado comercial

El ciudadano que nunca pisará un juzgado comercial también pierde con esta impunidad. Los S/7,192,000 que el clan Orellana se llevó del Gobierno Regional de Arequipa salieron de las arcas públicas regionales. Las medidas cautelares que Varillas dictó contra hospitales en Tacna, Huarmaca, Huancabamba y Chala paralizaron obras por cientos de millones de soles, según el recuento de Caretas. Cada resolución irregular que un juez corrupto firma es un hospital que no se termina, una carretera que no se asfalta, un servicio público que se degrada. La reforma judicial no es un lujo de abogados: es la condición para que el Estado funcione y el dinero de los impuestos no termine en un video de reparto de botín.