Minería informal sin política: el Reinfo se prorroga y dos muertes en un socavón de Palca

La prórroga eterna: cuando lo temporal se vuelve inacción

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) nació como un mecanismo temporal. Hoy, tras años de prórrogas, la Ley N° 32537 lo mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sobre el papel, debía ser un puente hacia la legalidad. En los hechos, se ha convertido en una sala de espera sin salida. De los cerca de 82,000 registros que llegó a acumular, el Ministerio de Energía y Minas excluyó a 50,565 por mantener el registro suspendido durante años sin ponerse a derecho, y solo 31,560 continúan en el proceso de formalización. Es decir, alrededor del 61% de los inscritos quedó fuera por inacción. Y del total que alguna vez pasó por el registro, apenas alrededor del 2% ha culminado su formalización. No son formales, pero por años tampoco fueron fiscalizados como ilegales. Es el peor de los mundos.

El socavón que no aparece en las estadísticas

El 8 de agosto de 2026, en el sector Cahuapaza del distrito de Palca, provincia de Lampa (Puno), un desprendimiento de rocas dentro de un socavón mató a Víctor Mamani, de 22 años, y a Luis Quispe Luza, de 44. Eran ayudante y maestro perforista en la mina Pomasi. El boletín de accidentes mortales de Osinergmin, que a junio de 2026 reporta 13 accidentes con 15 víctimas, solo abarca la mediana y gran minería bajo su supervisión. La pequeña minería y la artesanal, que fiscalizan los gobiernos regionales, quedan fuera de esa estadística nacional. Muchas muertes en socavones no llegan a ningún registro. Lo que el Estado no mide, no existe. Pero los cuerpos sí llegan a Medicina Legal de Juliaca.

31,560 personas atrapadas entre la promesa y el delito

El minero inscrito en el Reinfo no es formal, pero tampoco puede ser tratado como ilegal mientras su registro esté vigente. Esa ambigüedad, reforzada por el Decreto Legislativo 1351, que exime de responsabilidad penal por minería ilegal a quienes figuran en el registro, ha funcionado como un escudo para operadores que nunca tuvieron intención de formalizarse. Mientras tanto, la minería completamente ilegal, la que ni siquiera pasa por el Reinfo, involucra a al menos 300,000 personas en el país, según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno. Frente a esa magnitud, las 320 condenas por minería ilegal que el Ministerio Público registra desde 2019 resultan insignificantes.

El Consejo Nacional de Minería (Conademi) ha propuesto una hoja de ruta para los primeros 100 días del nuevo Gobierno: reglamento pendiente, censo nacional de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y asistencia técnica en campo. La propuesta es sensata, pero llega cuando el Reinfo ya acumula casi una década de prórrogas sin resultados.

Lo que no se resuelve en Lima se muere en Palca

Para el ciudadano de a pie, la minería informal no es una abstracción. Es el compañero de trabajo que entra a un socavón sin condiciones de seguridad y no regresa. Es el padre de familia que gana un jornal sin seguro, sin pensión y sin derechos. Es el agua del río que ya no se puede beber. Es el canon minero que no llega porque la producción no tributa. Es la convivencia forzada con economías ilegales que arrastran trata de personas, explotación y violencia.

El Estado peruano no puede seguir en el limbo. O formaliza con plazos, requisitos claros y acompañamiento técnico real, o fiscaliza y sanciona con los instrumentos penales que ya existen. La tercera vía, prorrogar, suspender y mirar hacia otro lado, es la que acaba de costar dos vidas en Palca. Y no serán las últimas.