Temporada de apelaciones: dos expresidentes, dos salas, dos semanas

Agosto de 2026 concentra en apenas dos semanas una de las pruebas más exigentes para la justicia penal peruana. El 7 de agosto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional debía resolver si anula la condena de 15 años de prisión contra Nadine Heredia por lavado de activos, acogiéndose al mismo fallo del Tribunal Constitucional que ya liberó a Ollanta Humala Diario Correo. Trece días después, el 20 de agosto a las 11 de la mañana, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revisará la condena de 14 años impuesta a Martín Vizcarra por cohecho pasivo en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua Gestión. Dos expresidentes, dos salas, dos criterios: la coherencia del sistema está en juego.

El espejo de Humala: la suerte de Nadine Heredia depende de que la justicia se mire a sí misma

El 31 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional anuló la condena de 15 años contra Ollanta Humala por cinco votos a favor y dos en contra. El argumento: los aportes recibidos en las campañas de 2006 y 2011 no estaban tipificados como lavado de activos al momento de los hechos, por lo que la sentencia vulneró los principios de legalidad y tipicidad Caretas. La defensa de Nadine Heredia, asilada en Brasil desde 2025, presentó de inmediato un escrito ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para que se aplique el mismo criterio a su caso. El argumento es sencillo: ambos fueron procesados por los mismos hechos.

Si la sala acepta el pedido, la condena de Heredia queda sin efecto. Si lo rechaza, el sistema habrá producido un resultado jurídicamente insostenible: dos personas condenadas por la misma causa, con una en libertad y la otra no, por una diferencia de forma y no de fondo. El ciudadano común no necesita ser abogado para detectar que algo no cuadra. La justicia no puede depender de quién presenta primero el recurso ni de qué sala lo revisa.

Vizcarra: el recurso que llega debilitado antes de empezar

Martín Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. La sentencia lo halló culpable de recibir sobornos por más de S/2.3 millones de las constructoras Obrainsa, ICCGSA y Astaldi durante su gestión como gobernador regional de Moquegua Canal N. Además de los 14 años de prisión, se le impuso 9 años de inhabilitación, una multa de S/94,900 y una reparación civil de S/2,336,000 Canal N.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya adelantó un criterio exigente: en junio declaró inadmisibles la mayoría de los medios probatorios que la defensa intentó introducir, por no cumplir con la reserva legal que exige el artículo 422 del Código Procesal Penal Canal N. También el Tribunal Constitucional le cerró una vía alternativa al rechazar un habeas corpus con el que Vizcarra buscaba anular el juicio oral La República. El expresidente llega a la audiencia con pocas cartas procesales. Pero en el Perú de las sorpresas judiciales, eso no es garantía de nada.

Lo que el ciudadano no ve: la justicia como servicio público

Mientras las salas deliberan sobre expresidentes y ex primeras damas, el Equipo Especial Lava Jato acumulaba, hasta febrero de 2025, 65 sentencias condenatorias y S/4,500 millones en reparación civil a favor del Estado Ministerio Público. Cada vez que una condena por corrupción se anula por un tecnicismo procesal, el Estado deja de recuperar dinero que le pertenece al ciudadano: a la posta médica sin medicinas, a la escuela sin agua, al policía sin patrulla.

La reforma judicial que impulsa la Comisión Especial del Congreso, presidida por Maricarmen Alva y con un informe de 96 páginas aprobado en noviembre de 2025, propone crear una Escuela Nacional de Justicia que reemplace a la Junta Nacional de Justicia y elimine la provisionalidad de jueces y fiscales Congreso. Pero una reforma que se discute en comisiones mientras las condenas se caen en las salas es como cambiar las reglas del juego a la mitad del partido.

La temporada de apelaciones de agosto no definirá solo el destino de dos figuras políticas. Definirá si el peruano puede confiar en que la justicia trata igual al poderoso y al anónimo, o si la impunidad se compra con el recurso mejor presentado. Los jueces tienen la palabra. El país, la mirada puesta.