La cúpula fiscal en Palacio: la coordinación que desdibuja la autonomía del Ministerio Público

El sábado 8 de agosto de 2026, la presidenta Keiko Fujimori recibió en Palacio de Gobierno al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y a la fiscal suprema Patricia Benavides. Los acompañaban el premier Luis Galarreta, tres ministros de Estado y el alto mando de la Policía Nacional. La cita, según el Ministerio Público, buscaba "fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado" para enfrentar la criminalidad, reportó Gestión. Pero la imagen trasciende el objetivo declarado: cuando la cúpula del Ministerio Público se sienta en la mesa del Ejecutivo a coordinar facultades legislativas, la frontera que la Constitución traza con claridad, "El Ministerio Público es autónomo", se vuelve borrosa.

La fiscal suprema que llegó con equipaje

Patricia Benavides no es una fiscal suprema más. Fue fiscal de la Nación hasta que el Poder Judicial la suspendió por 24 meses; la Corte Suprema anuló esa suspensión y se reincorporó al Ministerio Público. En paralelo, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima la suspendió del ejercicio profesional entre enero y julio de 2026 por uso indebido del cargo durante su gestión. La investigación por organización criminal en el caso Valkiria fue archivada en mayo de 2026. Con ese historial, su presencia en Palacio no es un detalle menor: es la señal de que la coordinación interinstitucional no tiene filtros. Y lo que no tiene filtros, tampoco tiene contrapeso.

Legislar con el fiscal al teléfono

La reunión ocurre mientras el Ejecutivo ha solicitado al Congreso una delegación de facultades por 120 días calendario que incluye la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y de ejecución penal. Es decir, el gobierno podrá modificar las reglas del juego que el Ministerio Público aplica a diario. Que el fiscal de la Nación y una fiscal suprema se sienten a "coordinar" esas facultades antes de que el Congreso las debata no es ilegal, pero sí institucionalmente incómodo: ¿están allí como asesores del Ejecutivo o como defensores de la autonomía de su institución? La presidenta lo resumió sin ambages: "Yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesiten". Pero un aliado no es lo mismo que un contrapeso.

Lo que el ciudadano no ve en la foto

Para el comerciante que paga cupo, para la familia que ya no sale de noche, la promesa de una persecución penal más coordinada y célere suena a urgencia atendida. La presidenta prometió: "iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión". Pero el ciudadano también necesita saber que el fiscal que investiga al alcalde que desvió el presupuesto de su comisaría, o al ministro que contrató a dedo a un allegado, no debe su puesto a una coordinación con Palacio. La seguridad no se construye solo con mano dura: se construye con instituciones que pueden decir que no cuando toca decir que no. La foto en Palacio no es el problema. El problema es que nadie en esa mesa parece haber llevado la voz de la autonomía.