La primera interpelación al gobierno de Fujimori apunta a Pataz, no a Lima

La primera interpelación al gobierno de Keiko Fujimori no apunta a Lima ni a la economía: apunta a Pataz, la provincia de La Libertad donde la minería ilegal convive con el crimen organizado desde hace años. Juntos por el Perú presentó el viernes 14 de agosto una moción para que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, responda un pliego de 43 preguntas, la primera contra un ministro en la actual legislatura. Que la cita inaugural de fiscalización del nuevo Congreso sea sobre una provincia minera dice mucho: la promesa de "mucha firmeza" inspirada en Bukele empieza a medirse, y Pataz es el examen.

Las 43 preguntas no son solo sobre un ministro

La moción no se limita a pedir cifras de operativos. Le pregunta a Belaúnde si recibió aportes de Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, para su campaña, y si efectivos de las Fuerzas Armadas están destacados en instalaciones, campamentos o concesiones de esa empresa, con qué fundamento legal y cuántos son (RPP). Es una pregunta incómoda porque invierte la carga: ya no se trata solo de si funciona la estrategia, sino de a quién le sirve el despliegue. En una provincia donde el oro ilegal mueve millones, saber si el Estado manda o comparte el territorio con una minera privada es la cuestión de fondo.

El relato de la firmeza contra la realidad del territorio

El gobierno ha vendido firmeza. El domingo 9 de agosto, la presidenta dijo que seguiría "los pasos del presidente Bukele", y esa misma noche el Ministerio del Interior activó el Plan Escudo en Lima con patrullajes de la Policía y el Ejército en empresas y paraderos de transporte. Pero en Pataz la foto es otra: el estado de emergencia acaba de prorrogarse por 60 días desde el 4 de agosto, con inmovilización social de 22:00 a 05:00 y las Fuerzas Armadas a cargo del orden interno. No es una zona pacificada: es una zona en emergencia permanente. El contraste entre el lanzamiento capitalino del Plan Escudo y la emergencia sin fin en Pataz es exactamente lo que la interpelación obliga a aclarar.

Un dato que no debe perderse en el debate

Según el balance que el Mindef y el Comando Conjunto difundieron en mayo, tras un año de operaciones en Pataz las mafias de la minería ilegal perdieron S/249,840,044.85, con 2,520 patrullajes integrados y 67 acciones militares. Es una cifra grande, pero no responde la pregunta central: ¿bajó la extorsión, el secuestro y el sicariato que sufren los habitantes? La moción pide justamente los indicadores con los que el ministerio mide el éxito. Sin esa respuesta, el monto confiscado es contabilidad de guerra, no seguridad.

Lo que está en juego para el ciudadano

Para quien vive en Pataz, la interpelación no es un trámite parlamentario: es la diferencia entre salir a trabajar sin miedo y cumplir un toque de queda a las diez de la noche. Para el resto del país, es la prueba de si el Plan Escudo y el discurso de mano dura se traducen en resultados medibles o se quedan en despliegues y titulares. Un ministro que no aclara con qué indicadores evalúa su propia estrategia deja abierta la pregunta de si la firmeza es una política o un eslogan, y de si la seguridad es un plan o una promesa que se prorroga cada 60 días.