Muertes de líderes indígenas: otra comisión investigadora, sin garantía de resultados

Entre 2012 y 2024, Global Witness documentó 62 asesinatos de personas defensoras ambientales en el Perú, un registro que ubica al país entre los ocho más letales del mundo para quienes defienden el territorio Actualidad Ambiental. Con ese antecedente, el Congreso vuelve a proponer una comisión investigadora por las muertes de líderes indígenas. El patrón peruano, sin embargo, es conocido: estas comisiones suelen anunciarse, instalarse y archivarse sin que cambie la situación en el territorio.

La bancada de Juntos por el Perú presentó la moción para crear la "Comisión de la Verdad y Justicia para esclarecer las muertes de líderes de pueblos originarios, activistas y defensores ambientales" Andina. El encargo es amplio: investigar los hechos desde el 1 de enero de 2012 Diario UNO, con una comisión integrada por un representante de cada grupo parlamentario y un periodo de trabajo que abarca la legislatura 2026-2027 Andina.

Un expediente lleno de anuncios y vacío de consecuencias

El antecedente más citado es Bagua. Tras los sucesos de 2009, la Comisión Especial para investigar y analizar esos hechos entregó un informe final que solo aprobó parte de sus integrantes, junto a un informe en minoría que dejó constancia de las discrepancias sobre lo ocurrido ProDiálogo. Quince años después, la violencia contra los defensores no cedió.

Los registros oficiales recogidos por FILAC apuntan en la misma dirección: desde 2020 han sido asesinados al menos 35 líderes indígenas y, desde 2019, más de 590 personas enfrentaron situaciones de riesgo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos calcula que cerca del 70 % de los casos se vincula a economías ilegales como la minería ilegal, la tala y el narcotráfico FILAC.

El caso Saweto condensa la lentitud: cuatro líderes ashéninkas fueron asesinados en setiembre de 2014 y recién en agosto de 2025 se confirmó en segunda instancia la condena de 28 años y 3 meses, once años después Mongabay.

La protección estatal que no alcanza

Buena parte de la discusión pública ya documenta el rol del crimen organizado; lo que sigue abierto es por qué la protección estatal no evita las muertes. El caso de Quinto Inuma Alvarado ilustra ese vacío: el líder kichwa de San Martín contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia y aun así fue emboscado y asesinado el 29 de noviembre de 2023 Mongabay. La propia moción plantea evaluar la eficacia de esas medidas y la respuesta de las entidades del Estado Diario UNO.

Un episodio reciente muestra la complejidad del terreno. El martes 11 de agosto, las comunidades del río Pisqui denunciaron lo que describen como un bombardeo aéreo contra el aeródromo de Charashmanan, una infraestructura que ellas mismas construyeron y que usan para atender emergencias y evacuar enfermos hacia Pucallpa La República. El Ministerio del Interior respondió con informes de inteligencia que señalan actividad de tráfico ilícito de drogas en la zona La República. Las organizaciones indígenas señalaron que están dispuestas a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal La República. Una investigación tendría que confrontar las dos versiones: la denuncia de las comunidades y la respuesta oficial.

Lo que gana o pierde el ciudadano

Esto no es un asunto lejano de la selva. El Ministerio de Justicia vincula cerca del 70 % de los casos de violencia contra líderes indígenas a las mismas economías ilegales que contaminan ríos y sostienen redes criminales cuyo alcance llega a la seguridad del resto del país FILAC. Donde matar a un defensor no tiene costo, el crimen termina fijando las reglas.

La diferencia entre esta comisión y las anteriores no estará en el anuncio ni en el informe, sino en si sus conclusiones se traducen en protección, sanción y respuesta efectiva del Estado. El expediente previo es de comisiones que se anuncian y se archivan; lo que falta no es una promesa más de investigación, sino una conclusión que se cumpla.