376 mil trabajadores CAS: el empleo público precario que el Estado no reforma

Al cierre de 2025, el Estado peruano tenía 376,479 personas trabajando bajo el régimen CAS, la figura contractual más precaria del empleo público, según cifras de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) recogidas por Gestión. Mientras el Ejecutivo pide al Congreso facultades legislativas por 120 días para reformar el Estado y elevar la productividad, esa planilla precaria creció 45.3% en diez años. La reforma del empleo público no es solo un asunto de eficiencia: es la manera en que el propio Estado trata a quienes lo sostienen.

La cifra que desnuda la reforma pendiente

El régimen CAS nació en 2008 con el Decreto Legislativo 1057 como una salida temporal para ordenar a los contratados por servicios no personales, pero se volvió permanente: la Ley 31131 de 2021 eliminó su duración determinada y, más tarde, el Congreso le sumó gratificaciones y CTS, todo sin carrera ni meritocracia de por medio, según el recuento de Gestión. El resultado es una figura de emergencia convertida en columna vertebral: en 2025 los CAS representaban 23.7% del empleo público total, mientras el régimen de la carrera administrativa del Decreto Legislativo 276 bajó a 18.1%. Desde 2009 el número de CAS creció 140%; su pico fue 406,065 en 2021, en plena pandemia.

No es solo productividad: es un costo y un derecho

El CAS es barato para el Estado y caro para quien trabaja. En 2024, la planilla de estos trabajadores costó S/12,476 millones, el 16% de los S/79,142 millones que el Estado gastó en personal, según Servir citado por Gestión. Detrás de ese ahorro hay personas calificadas: más de 52% de los CAS tenía educación superior universitaria y cerca de 25%, superior no universitaria. Son profesionales que atienden ventanillas, aulas y postas sin una carrera que les dé estabilidad, ascenso ni futuro previsible.

Facultades contra derechos: el pulso con la CGTP

El pedido de facultades incluye regular la jornada de trabajo, los aportes a EsSalud, AFP y ONP, y revisar los feriados para aumentar la productividad, además de permitir crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos, según el detalle difundido por La República. En paralelo, el Gobierno anunció elevar la remuneración mínima vital de S/1,130 a S/1,300 en dos tramos de S/100 y S/70, según El Comercio. La CGTP salió a las calles: "los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de reducción de derechos laborales", advirtió su presidente Luis Villanueva, según RPP. El pulso no es retórico: pedir poderes para legislar sobre jornada y aportes sin tocar el fondo precarizante del CAS explica la desconfianza.

Qué significa esto para el ciudadano

El ciudadano no ve el contrato de quien lo atiende, pero lo padece. Quien sella un expediente en una municipalidad, enseña en una escuela o registra una receta en un centro de salud es, cada vez más, un trabajador sin carrera, rotado o a la espera de una renovación. Un Estado que precariza a su personal no entrega mejores servicios: entrega servicios a la deriva. El debate sobre las facultades es, en el fondo, la decisión de si la reforma del Estado se hace precarizando más o construyendo, por fin, una carrera pública digna.