Penal Ancón I: cuando la cárcel de máxima seguridad es un coladero
La Contraloría encontró escáneres y cámaras inoperativas en el penal que alberga a los internos más peligrosos del país. No es el primer informe ni será el último: el patrón de abandono recorre el sistema penitenciario entero, y el ciudadano paga el costo en las calles.
Por Qhawaq
El hallazgo que confirma lo que ya se sospechaba
Entre el 22 y el 26 de junio de 2026, un equipo de la Contraloría General de la República ingresó al penal de máxima seguridad Ancón I. Lo que encontró es el retrato de un sistema desbordado: los equipos Body Scan y el sistema de rayos X para paquetes grandes están inoperativos; las cámaras de videovigilancia de los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no transmiten imágenes en tiempo real; el sistema de reconocimiento facial no funciona; y de los ocho reflectores instalados en los torreones, solo uno enciende. Tres torreones ni siquiera tenían personal asignado el día de la inspección. El informe, registrado como Visita de Control N.° 006-2026-OCI/0316-SVC, fue remitido al presidente del INPE para que adopte medidas correctivas (La República).
Ancón I alberga a los internos de mayor peligrosidad del país. También alberga a 2,709 personas, cuando su capacidad máxima es de 1,620: un 67% por encima de lo que puede contener (La República). Mientras tanto, las ventanas metálicas de los pabellones presentan corrosión avanzada y la pasarela del techo carece por completo de videovigilancia. La pregunta no es si algo va a pasar. La pregunta es cuánto ya pasó sin que nadie lo registrara.
Un patrón, no un accidente
Quien quiera leer el informe de Ancón I como un caso aislado se equivoca de diagnóstico. En 2025, la Contraloría difundió un informe sobre el penal de Challapalca, el otro emblema de la máxima seguridad peruana, enclavado a más de 4,200 metros de altura, y describió el mismo cuadro: los equipos de rayos X y el body scan estaban inoperativos, el registro biométrico de identificación no funcionaba y, de las nueve torres de vigilancia del perímetro, solo una contaba con un efectivo policial (RPP). Meses después, en diciembre de 2025, le tocó al penal de Puerto Maldonado: el 72% de las cámaras del sistema del INPE no permitía visualizar imágenes, las grabaciones se almacenaban solo por 13 días cuando la norma exige un mínimo de 60, y 27 de 123 servidores llevaban más de una década sin rotar de funciones, pese a que la normativa prescribe una rotación periódica para evitar vínculos indebidos con los internos (Diario Sin Fronteras).
Tres penales, tres informes, el mismo diagnóstico. La Contraloría detecta, el INPE promete corregir, y el ciclo se repite. La diferencia entre un incidente y un colapso institucional es que el segundo tiene firma: la de quien presupuesta, la de quien supervisa y la de quien no exige responsabilidades.
El agravante que nadie quiere mirar de frente
El sistema penitenciario peruano alberga a más de 100,000 internos en establecimientos cuya capacidad instalada ronda las 41,000 plazas. La respuesta más reciente del Estado fue el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, aprobado en junio mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS (Presidencia de la República). Pero un plan no repara una cámara rota ni repone un escáner apagado.
El gobierno que asumió el 28 de julio hizo de la seguridad su primera bandera. A tres días de instalarse, con César Astudillo en el Interior y Ernesto Álvarez en Justicia, el Ejecutivo alista un pedido de facultades legislativas que incluye, de manera expresa, la materia penitenciaria y el control de penales (Gestión). El gesto reconoce el problema. Falta que se traduzca en cámaras que enciendan y torreones con personal, y no solo en normas nuevas sobre penales que ya no controlan lo que ocurre dentro.
Cuando los equipos de seguridad no funcionan y la sobrepoblación rebasa la capacidad de control, los penales dejan de ser espacios de reclusión y se convierten en centros de operaciones. Desde una celda sin vigilancia se puede ordenar una extorsión, coordinar un sicariato o administrar una red de trata. En 2025 se registraron 26,585 denuncias por extorsión en el país, un 43% por encima del promedio de los últimos cinco años (ComexPerú). Esa cifra no se explica sin un sistema penitenciario que no contiene.
Lo que significa para el ciudadano
Cada reflector apagado en un torreón de Ancón I, cada cámara fuera de servicio en Challapalca, cada escáner inoperativo en Puerto Maldonado es una puerta entreabierta. Por esa puerta no solo entran objetos prohibidos: salen órdenes, amenazas y violencia que terminan en la combi, en el mercado, en la pequeña empresa a la que le llega un cupo extorsivo.
La inseguridad ciudadana es, año tras año, la principal preocupación de los peruanos. Pero la discusión pública se concentra en el patrullaje y las penas más duras, y casi nunca en lo que ocurre después de la condena. Si los penales no cumplen su función, aislar a quien delinque y cortar su capacidad de seguir operando, la cadena de seguridad se rompe en el eslabón que el Estado prefiere no mirar.
El informe de la Contraloría sobre Ancón I ya está sobre la mesa del nuevo gobierno. La próxima extorsión que se planifique desde un pabellón sin cámara también.