La inseguridad como moneda política: interpelación, sombra de vacancia y el costo de un problema sin gestión

La inseguridad ya no se gestiona: se vota

La inseguridad dejó de ser un problema de gestión para convertirse en moneda de disputa política. El 10 de setiembre, la Cámara de Diputados aprobó interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, con 66 votos a favor, 51 en contra y una abstención; el pliego le plantea 27 preguntas y lo cita para el jueves 17 de setiembre (Caretas). Es la primera interpelación a un integrante del gabinete de Luis Galarreta y llega después de que Óscar Arriola dejara la comandancia general de la Policía tras el asesinato de cuatro personas y un secuestro en Trujillo (La República). Sobre el Ejecutivo flota el precedente de Dina Boluarte, vacada por su inacción frente a la inseguridad (La República). No existe hoy una moción de vacancia formal contra Keiko Fujimori en trámite parlamentario. Que el tema circule como amenaza sin trámite parlamentario que la respalde es justamente la señal de que se usa antes de resolverse.

El diagnóstico es real, pero no se traduce en plan

Los números que ambos bandos esgrimen existen. Una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP halló que 85% de los peruanos restringió sus salidas nocturnas por temor a la delincuencia y que 58% sale menos que hace un año; el estudio, aplicado a 1,217 personas entre el 20 y el 23 de agosto, estima que la restricción alcanza a unos 22 millones de habitantes (La República). La extorsión también se mide: los presos por ese delito pasaron de 1,186 en diciembre de 2024 a 1,661 en junio de 2026 (La República). El problema no es de percepción; es de resultados. Y ahí es donde la política se detiene: lo que no aparece es un indicador verificable de reducción del delito que permita evaluar al ministro o a la presidenta por algo distinto al voto.

El costo político llega antes que el costo resuelto

Mientras la interpelación pregunta por la gestión, el efecto de la inseguridad ya golpea la economía. La proporción de empresas que identifica un efecto negativo de la inseguridad pasó de 32% en 2025 a 45% en 2026 (La República). Exministros consultados coinciden en que el gobierno no ha mostrado una estrategia distinta a la de gestiones anteriores: para Rubén Vargas, el Plan Escudo es "más o menos la repetición" de lo hecho por Boluarte y Jerí (La República). La disputa no es, entonces, sobre si hay un plan, sino sobre quién paga el costo de que no lo haya: el Congreso lo cobra en interpelaciones y el Ejecutivo lo administra con estados de emergencia, como el decretado el 28 de agosto para Lima Metropolitana y el Callao por 60 días (La República).

Lo que se discute ya se decidió en la calle

Para el ciudadano, la política de la inseguridad llega tarde. El 43% de los encuestados procura no salir de su casa desde las 8 de la noche o antes, y otro 42% fija el límite a las 10 (La República). El 16% de los usuarios de transporte público pasó a pagar taxi o aplicativos, un grupo equivalente a poco más de 4.17 millones de personas; en los hogares de menores ingresos, sin margen para pagar más, la respuesta es salir menos y viajar acompañados (La República). El 66% cree que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos doce meses (La República). Una interpelación no devuelve la noche, no abarata el taxi ni reabre la bodega que cerró temprano. Mientras el delito se mida en votos y no en resultados, el ciudadano seguirá pagándolo dos veces: con miedo y con dinero. Lo que no se recupera es el derecho a salir de casa sin mirar el reloj.