Trescientos peruanos captados para la guerra de Ucrania: la Fiscalía investiga, el Estado no previene

La Fiscalía recién salió a exhortar a los peruanos, durante una reunión con familiares de desaparecidos, a no dejarse engañar con falsas ofertas laborales hacia Rusia ni con estafas (Andina). Lo que el país tiene enfrente, sin embargo, no es un caso de estafa: es una cadena de trata de personas que captó a más de 300 peruanos y los envió a un frente de guerra. Hay 22 carpetas fiscales abiertas; hace falta, en cambio, una política que impida que los reclutadores operen desde el Perú.

Veintidós carpetas cuentan víctimas; falta, en cambio, un plan de prevención

El Ministerio Público confirmó que investiga 22 carpetas por la captación de más de 300 connacionales mediante falsas ofertas de trabajo para viajar a Rusia (RPP). De esas, 21 están a cargo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas y una, que concentra 202 agraviados, en una Fiscalía contra la Criminalidad Organizada (Diario Correo). Los casos se reparten por Lima Norte, Lima Centro, La Libertad, Callao, Huánuco y Cusco (Diario Correo). Esa geografía describe una red con alcance nacional, no un caso aislado.

El engaño encaja en el tipo penal de trata, no en una simple mala oferta

La conducta que se investiga calza en el artículo 129-A del Código Penal: captar, trasladar o recibir a una persona mediante engaño para su salida del país con fines de explotación, incluidos los trabajos o servicios forzados (Art. 129-A del Código Penal). Por eso llama la atención la desproporción entre la escala del fenómeno y la respuesta: en agosto la Cancillería ya reconocía 459 peruanos enlistados, 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por Ucrania (DW), y apenas la semana pasada la Policía detuvo a un hombre por presuntamente captar y facilitar el traslado de un solo peruano (Diario Correo). Se investigan las víctimas, no las redes que las envían.

Lo que falta no es judicial: es consular, migratorio y de persecución

El Estado no solo tiene que sancionar; tiene que prevenir y asistir. La propia Cancillería recordó que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano (DW) y ha evacuado a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país (DW). Pero eso es gestión de crisis, no estrategia: lo que falta es un control de Migraciones sobre las agencias que intermediaron los viajes, una campaña de prevención a la altura del engaño y una persecución sistemática de los reclutadores locales.

Para el ciudadano, esto es un riesgo de puerta, no una noticia lejana

Detrás de las cifras hay ofertas que prometían altos sueldos y facilidades para viajar sin garantías (Andina), y jóvenes que hoy están desaparecidos o muertos en un conflicto ajeno (DW). Cada oferta laboral "atractiva" en el extranjero sin contrato verificado ni registro migratorio es una puerta abierta a la trata. Mientras la Fiscalía cuenta carpetas y la Cancillería cuenta desaparecidos, el ciudadano sigue solo frente a reclutadores que operan con impunidad. El deber del Estado no es solo castigar después: es que nadie más aborde ese avión.