El Gobierno contra el Código Procesal Penal: populismo punitivo con la inseguridad como excusa

La crítica al Código no nombra un artículo: nombra una culpa genérica

La ofensiva contra el Código Procesal Penal no señala qué norma falla: señala un culpable cómodo. Ante la Comisión de Constitución, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que el código fue elaborado por "abogados litigantes" que pensaron únicamente en sus clientes y que existen letrados que forman parte de las bandas criminales que representan La República. A los penalistas que lo cuestionaron les respondió que la norma "ha fracasado en su propósito esencial" y que "sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad" La República. En ningún momento se citó un artículo concreto ni un diagnóstico oficial de carga procesal que sostenga la afirmación.

Quienes redactaron el código desarman el relato

El respaldo técnico de la crítica no existe; los propios autores del código lo desmienten. Julio Espinoza Goyena, secretario técnico de la comisión de alto nivel que redactó el código en 2004, precisó que ese equipo tuvo más de 12 integrantes entre fiscales, policías y jueces, y solo dos representantes del Colegio de Abogados La República. César Nakazaki recordó que su principal redactor fue un magistrado, César San Martín Castro La República. El exprocurador Luis Vargas Valdivia ubicó el problema donde está: el abandono presupuestal y formativo del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional RPP.

El endurecimiento avanza mientras la persecución real está desprotegida

Mientras se discute recortar garantías, la maquinaria que investiga trabaja sin resguardo. El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que 25 fiscales están amenazados de muerte y que, por falta de protección policial, cambian sus rutas como única defensa La República. En paralelo, la diputada Norma Yarrow presentó un proyecto para eliminar los beneficios penitenciarios a condenados por feminicidio, secuestro y robo agravado RPP. El dolor es real: más de 60 mujeres fueron víctimas de feminicidio en los primeros seis meses de 2026, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables RPP. Pero ninguna de esas medidas ataca la causa de la impunidad: la debilidad de la investigación y la protección de quienes la conducen.

Un Congreso que habla de seguridad y no desbloquea las herramientas

El mismo Congreso que debate la dureza no aprueba las herramientas que el propio Ejecutivo pidió. El Consejo de Ministros aprobó en agosto un pedido de facultades legislativas que incluye la seguridad ciudadana gob.pe. Hasta esta semana, seis comisiones de la Cámara de Diputados habían rechazado la solicitud y solo dos habían emitido opinión favorable La República. El resultado es un círculo: se exhibe firmeza simbólica contra el Código y contra los beneficios, mientras la delegación de facultades, la herramienta concreta para legislar, se traba.

Lo que está en juego para el ciudadano

La promesa de dureza no devuelve la seguridad; sí puede debilitar la protección de cualquiera. Una víctima que denuncia necesita un proceso que investigue y condene, no un atajo que haga más barato el error judicial. Si las garantías se degradan en nombre de la emergencia, el inocente, el denunciante y el propio sistema quedan más expuestos: el caso no se resuelve por más severa que sea la pena cuando la evidencia no se produce y el fiscal que la busca no tiene resguardo. La seguridad se construye con investigación, protección y recursos; la firmeza del discurso, en cambio, no cuesta nada.