Con o sin facultades: la contradicción del Ejecutivo que pide urgencia y anuncia que puede esperar dos años
El premier dice que resolverá los problemas aunque el Congreso no delegue, mientras el fiscal de la Nación pide aprobar todo el paquete. Si la urgencia admite dos años de espera, nunca fue urgencia.
Por Qhawaq
La urgencia que el propio Ejecutivo desactivó
El 28 de agosto el Gobierno entregó al Congreso su pedido de delegación de facultades con carácter de MUY URGENTE: 120 días calendario para emitir decretos legislativos sobre 66 solicitudes RPP. Doce días después, el 9 de setiembre, el primer ministro Luis Galarreta dijo que, si no le delegan, resolverán igual los problemas: "Si tenemos que demorarnos un año, bueno, lo haremos en un año o dos, pero vamos a resolver el problema" El Comercio. Las dos posiciones no pueden convivir. Si un problema puede esperar dos años, no era la emergencia que justificaba legislar por decreto en cuatro meses.
El fiscal pidió todo; el premier, paciencia
El 9 de setiembre, mientras Galarreta concedía esa espera, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, invocó a la Cámara de Diputados y al Senado a otorgar "todas las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de lucha contra la criminalidad" y advirtió que negarlas "estaría entorpeciendo una verdadera lucha contra la criminalidad" Andina. Su razón es concreta: quiere un marco normativo y herramientas para optimizar la función fiscal y policial Andina. Un mismo día, un poder del Estado pide el paquete completo por urgencia y el jefe del Gabinete dice que sin el paquete igual se avanza, aunque tarde.
Un Congreso que lee la señal y vota en contra
El Congreso ya empezó a cobrar esa contradicción. El 31 de agosto la Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente para acelerar el análisis Congreso. Pero las comisiones consultivas fueron negando bloques: Energía y Minas concluyó que no era viable delegar en su sector, con 11 votos a favor y 8 en contra Congreso, y el 10 de setiembre la Comisión de Justicia aprobó un informe que declara no viable la delegación en 12 submaterias en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria, con 11 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones Congreso. El argumento central: el Ejecutivo señala objetivos generales, pero no precisa qué modificará ni cuáles serán sus límites Congreso. Hasta la noche del 9 de setiembre, cuatro comisiones se habían pronunciado en contra y dos a favor RPP; al día siguiente, Justicia engrosó ese conteo con su voto en contra Congreso. Galarreta admitió además que el Ejecutivo no puede retirar el proyecto El Comercio: quedó atado a un trámite que su propia declaración debilita.
Qué significa para ti
La contradicción no es un problema de formas. Mientras el Ejecutivo dice que puede esperar dos años y el Congreso devuelve el pedido por impreciso, el que espera es el ciudadano: el que hoy paga extorsión por mantener su negocio abierto, el que no puede usar su teléfono sin temor, el que vive con miedo de salir a la calle. Si la urgencia era real, admitir una demora de dos años le regala al Congreso el argumento para rechazar. Si no era real, el pedido de 120 días fue una puesta en escena. En cualquier caso, el costo no lo asumen el Ejecutivo ni el Parlamento: lo asume quien no tiene dos años para esperar.