Muerte en SJM: cuando la policía dispara y el Estado construye al culpable

El 1 de julio de 2026, Lisandro José Arellano Quintana, un conductor venezolano de 24 años, murió por un disparo policial en San Juan de Miraflores. La intervención comenzó por una luz roja. Terminó con un proyectil en las piernas del chofer, una cúster estrellada contra un auto y una mujer embarazada que vio cómo su pareja se desangraba mientras los agentes impedían que alguien lo llevara a un hospital. No es un caso aislado: es la mecánica precisa de la impunidad policial cuando la víctima es migrante y de barrio popular.

El disparo que empezó con un semáforo

La versión de los testigos es contundente y concreta. Arellano conducía una cúster de la línea D por la avenida César Canevaro cuando el suboficial Alex Oblitas Chambi, de la unidad Águilas Negras, lo intervino por presuntamente cruzar una luz roja La República. El conductor mostró sus documentos en formato digital, pero el agente exigió la versión física Diario Correo. Dania, su pareja y cobradora de la unidad, embarazada de dos meses, bajó a mediar y fue golpeada con una vara de reglamento La Hora.

Arellano decidió entonces avanzar hacia la comisaría para resolver la situación. En ese momento, según los testigos, el suboficial Oblitas disparó. El proyectil le atravesó ambas piernas. El conductor logró avanzar una cuadra más antes de perder el control y chocar. Permaneció aproximadamente 30 minutos sin atención médica La Hora. Los agentes no permitieron que la pareja del conductor lo trasladara a un centro médico La República. Murió en el Hospital María Auxiliadora.

La fabricación del culpable: el acta policial invierte los hechos

El acta de la PNP cuenta otra historia: la mujer agredió al policía con golpes de puño, el chofer intentó atropellar al agente y el disparo fue «con fines disuasivos» La República. La PNP añadió que Arellano tenía antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego. Es un dato que no guarda relación alguna con una infracción de tránsito, pero que cumple una función precisa en el relato oficial: construir retrospectivamente al «delincuente» que justifica el disparo.

Los testigos, incluida una pasajera que viajaba con su hijo de dos años, respaldan la versión de la familia. Las cámaras de seguridad registraron parte de la persecución y el choque Diario Correo. La investigación ha quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores: la propia policía investigándose a sí misma.

Una ley que amplió el permiso para disparar

Este caso no ocurre en un vacío legal. En abril de 2025, el Congreso promulgó la Ley 32291, que modificó el Decreto Legislativo 1186 y amplió los supuestos para el uso de fuerza letal. El artículo 8.4 establece que, en casos de flagrancia, cuando se utilicen armas u otros elementos de evidente peligrosidad que «hagan presumir al efectivo policial» un riesgo grave, este «puede abatir al agresor», considerándose «defensa propia» Ley 32291, art. 8.4. La fórmula es peligrosa: convierte la percepción subjetiva del agente en habilitación legal para matar. El IDEHPUCP advirtió que esta redacción contraviene los estándares sobre el uso letal de la fuerza pública y puede convertir el reglamento en «un instrumento de represión e impunidad» IDEHPUCP.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo ha documentado que el 80% de las comisarías carece de personal suficiente para un servicio de calidad Macronorte. Agentes con escasa formación, operando bajo una ley que los blinda si disparan, en distritos donde la víctima difícilmente tendrá acceso a un abogado: la tragedia de Arellano es el producto previsible de esa combinación.

Lo que esto significa para cualquiera

El ciudadano que toma una cúster en la avenida Canevaro no necesita ser venezolano para estar en riesgo. Necesita que un policía interprete su actitud como amenaza. Basta con no llevar los documentos en físico. Basta con ser pobre. La muerte de Arellano no es una excepción: es la demostración de que el Estado puede quitarte la vida por una infracción de tránsito, construir un expediente que te transforme en agresor y encargar la investigación a los mismos que apretaron el gatillo. Si el sistema no investiga con independencia cuando la víctima es un migrante de 24 años, no lo hará cuando seas tú.