La renuncia al bono de instalación: el gesto que desnuda el doble discurso del Congreso

La cifra que incomoda

A días de que el nuevo Congreso bicameral instale su Junta Preparatoria este domingo 26 de julio, el primer termómetro de su voluntad de cambio ya está sobre la mesa: el bono por gastos de instalación. Son S/15,600 que el Parlamento entrega a cada uno de los 195 legisladores electos, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes al Parlamento Andino, con el argumento de cubrir los costos de vivienda de quien llega a Lima desde provincia. El problema no es nuevo: el bono se paga sin distinguir si el congresista vive en la capital, si es reelecto o si simplemente no necesita mudarse. El desembolso total llega a S/3.04 millones Infobae. Y se ejecuta con la naturalidad de quien gira un cheque sin preguntar para qué.

Quiénes renuncian y quiénes callan

Hasta este 23 de julio, al menos 63 congresistas electos, 36 diputados y 27 senadores, han anunciado que rechazarán el bono La República. Ahora Nación formalizó su renuncia por oficio: cuatro diputados por Lima Metropolitana, Harvey Colchado, Indira Huilca, Ángel Meneses y Bernardino Jair Manrique, y cuatro senadores, Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque Ibarra y Mirtha Vásquez, solicitaron a la Oficialía Mayor que no se les efectúe el pago, por considerar que al residir en la capital «este gasto no se justifica» La República. El Partido del Buen Gobierno y el bloque de derecha, Fuerza Popular y Renovación Popular, también anunciaron que sus legisladores electos por Lima, Callao o reelectos no lo cobrarán La República.

Del otro lado están los 132 que aún no renuncian. No es ilegal cobrarlo: el reglamento lo permite y el presupuesto lo contempla. Pero el silencio ensordece porque revela que la regla no escrita sigue siendo la misma del Congreso unicameral que acaba de terminar: cobrar primero, justificar después.

Un gesto que no debería ser noticia

Que 63 legisladores renuncien a un bono que no necesitan es una decisión correcta. Pero que esa decisión sea noticia es el verdadero síntoma. Lo anómalo no es la renuncia: es que el Congreso mantenga un pago a ciegas, sin criterio de necesidad, en un país con necesidades sociales urgentes y un presupuesto público que no alcanza. La austeridad que reclaman los propios congresistas en sus pronunciamientos, «compromiso con los principios de austeridad, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos», escribieron los firmantes de Ahora Nación, debería ser la norma institucional, no un acto de virtud individual que depende de la conciencia de cada bancada.

Mientras tanto, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras aún no definen su posición. El senador electo Jaime Quito declaró que no tendría «ningún inconveniente» en renunciar al bono, pero aclaró que la decisión debe tomarse en bancada La República. La demora es elocuente: en un Parlamento que se instala en tres días, definir si se cobra o no un beneficio que no se necesita no debería requerir debate interno.

El ciudadano que paga la cuenta

Cada sol que el Congreso gasta en un bono de instalación para un legislador que ya vive en Lima es un sol que no va a un centro de salud sin medicinas, a una escuela rural sin agua potable ni a una comisaría sin patrullero. S/15,600 equivalen a más de 44 bimestres de Pensión 65, casi siete años y medio de la subvención que recibe un adulto mayor en pobreza extrema gob.pe. No se trata de una cifra abstracta en un anexo presupuestal: es dinero que sale del mismo bolsillo que financia el Vaso de Leche, los desayunos escolares y las horas extra de los policías que cuidan las calles mientras los nuevos legisladores debaten si les corresponde o no un cheque de bienvenida.

La bicameralidad se vendió como una reforma para mejorar la calidad legislativa. Pero si el nuevo Congreso arranca repartiendo los mismos bonos con los mismos criterios laxos del anterior, la reforma nace con el mismo ADN de privilegios que prometió combatir. No es un detalle administrativo: es la primera señal de si este Parlamento entiende que representar al país no empieza con un sobre, sino con la decisión de no abrirlo.