La ONU contra la JNJ: la prueba de fuego del Estado de derecho en Perú
Dos relatores de Naciones Unidas exigieron a la Junta Nacional de Justicia frenar los procesos disciplinarios contra jueces que inaplicaron la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. La solicitud expone una tensión de fondo: ¿protege la JNJ la carrera judicial o está actuando como brazo disciplinario del Congreso?
Por Qhawaq

No todos los días dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas le piden a un órgano constitucional peruano que detenga lo que está haciendo. Ocurrió este 25 de junio de 2026. Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad y la justicia, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, exhortaron desde Ginebra a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a "no iniciar ni continuar procedimientos disciplinarios contra magistrados por decisiones adoptadas en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos" (Gestión, 25 jun 2026).
No es abstracto: nombra jueces y un caso
El pronunciamiento apunta a hechos concretos. Nombra a Richard Concepción Carhuancho, a Jorge Luis Chávez Tamariz y a los cinco magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que en diciembre de 2025 declararon inaplicable la Ley 32107 en el caso de las esterilizaciones forzadas del régimen de Alberto Fujimori (RPP, 25 jun 2026). La Ley 32107, promovida por el fujimorismo a través del congresista Fernando Rospigliosi y dictaminada por Martha Moyano en la Comisión de Constitución, restringe desde agosto de 2024 la calificación de delitos de lesa humanidad para crímenes cometidos por agentes del Estado en los años noventa (Lima Times, 19 jun 2026).
Los cinco jueces supremos, Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, resolvieron que esos hechos no se rigen por la prescripción ordinaria, sino por el ius cogens y el derecho internacional. Por esa decisión, la JNJ les abrió una indagación a cargo del consejero Víctor Chanduví Cornejo, el mismo que el 18 de junio fue fotografiado en el Congreso con Rospigliosi (Lima Times, 19 jun 2026).
Un patrón, no un caso aislado
La indagación a los supremos no es la primera. La JNJ ya suspendió por seis meses al juez Concepción Carhuancho a inicios de junio (Diario EP, 25 jun 2026) y le abrió proceso disciplinario por inaplicar leyes mediante control difuso (El Búho, jun 2026). Y el juez Oswaldo Ordóñez no fue ratificado tras participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Diario EP, 25 jun 2026). En cada caso, el denominador común es el mismo: jueces que antepusieron el derecho internacional a una norma interna. Los relatores fueron explícitos: abrir procesos disciplinarios por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos "socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas" (La República, 25 jun 2026).
La JNJ calla; el Poder Judicial responde
Frente al exhorto, la JNJ eligió el silencio: hasta el cierre de esta edición no hay un pronunciamiento oficial. Ese mutismo contrasta con la reacción del Poder Judicial. El mismo 25 de junio, la Sala Plena de la Corte Suprema respaldó a su presidenta, Janet Tello Gilardi, y rechazó "los intentos reiterados de afectar la independencia de los jueces y juezas mediante amenazas y agresiones, por el solo hecho de cumplir con sus funciones jurisdiccionales". La Corte recordó además que la Comisión de Venecia advirtió en marzo de 2026 que "la multiplicación de casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el Poder Judicial y jueces concretos constituye una señal de alarma preocupante en el Perú" (Diario UNO, 25 jun 2026).
Para qué fue creada la JNJ
Aquí está el fondo. La JNJ existe para nombrar, ratificar y sancionar jueces y fiscales con criterios técnicos, no para castigar decisiones jurisdiccionales que incomodan al poder político. Cuando una ley aprobada por una mayoría fujimorista para limitar la persecución de crímenes del régimen de Fujimori se vuelve la vara con la que se disciplina a los jueces que la inaplican invocando el derecho internacional, la línea entre el control disciplinario y la persecución política se borra. Un órgano pensado como garantía de la carrera judicial empieza a operar como su amenaza.
Lo que se juega en tu vida
Lo que está en juego no es la simpatía por tal o cual juez. Son dos cosas que tocan a cualquiera. La primera: si los crímenes más graves, como las esterilizaciones forzadas que marcaron a miles de mujeres, terminan en justicia o en impunidad por vía de una ley interna. La segunda, más cotidiana: de qué sirve un juez si falla mirando por encima del hombro. La independencia judicial no es un privilegio de la toga; es lo que te protege a ti el día que tu caso enfrenta a alguien con poder. Un juez que teme un expediente disciplinario por cumplir la ley es un juez que, llegado tu turno, también va a calcular antes de fallar. La ONU ya dio su veredicto. Falta el de la JNJ, y en ese silencio se decide para quién trabaja la justicia.
Qhawaq