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3 jul 20263 min de lectura#opinion#congreso#politica-fiscal#transicion#gobernabilidad

Ley 32679: el cheque en blanco que el Congreso saliente le deja al nuevo gobierno

El Parlamento promulgó una ley que exceptúa a Sunafil, Poder Judicial, Sunarp y Cofopri de las restricciones presupuestarias para aplicar nuevas escalas salariales. Sin estudio de impacto fiscal, sin un solo voto en contra y en plena transición: el patrón de irresponsabilidad se repite.

Por Qhawaq

Portada: Ley 32679: el cheque en blanco que el Congreso saliente le deja al nuevo gobierno

El 1 de julio de 2026, mientras el país aún digería el resultado de la segunda vuelta, se promulgó la Ley 32679, una norma que libera a cinco entidades públicas de las restricciones de gasto de la Ley de Presupuesto para que ejecuten nuevas escalas salariales este mismo año. El gesto no es menor: ocurre en plena transición de gobierno, se aprobó sin un solo voto en contra y deja la cuenta para quien llegue a gobernar.

Una llave que abre la caja sin preguntar cuánto hay dentro

La Ley 32679 modifica las leyes 32486, 32509, 32521, 32522 y 32557 para exceptuar a la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri de los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2026. También actualiza el incentivo CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú El Peruano. En concreto: las escalas salariales que habían sido aprobadas en años anteriores pero quedaron congeladas por el candado presupuestario ahora se destraban.

El problema no es la mejora salarial en sí, los trabajadores del sector público merecen condiciones dignas, sino el método. La ley se aprobó el 11 de junio con 101 votos a favor, cero en contra y solo 4 abstenciones, y fue exonerada de segunda votación (Andina). Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, aseguró que el dictamen «no crea nuevos beneficios ni demanda recursos adicionales» (Andina). Pero eximir del cumplimiento de los topes presupuestarios equivale a autorizar gasto sin medirlo: es como firmar un cheque y dejar el monto en blanco.

Un Ejecutivo que también firma el desorden

A diferencia de otras leyes de este ciclo, la 32679 fue firmada por el presidente José María Balcázar Zelada y se publicó en El Peruano con su rúbrica Andina, vía NotiPerú. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, celebró la medida desde el hemiciclo mismo el día de la votación. Que el Ejecutivo saliente haya convalidado la norma sin exigir un análisis de costo fiscal revela que la indisciplina no es monopolio del Legislativo.

El patrón que no cesa

Esta ley no es un episodio aislado. Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y octubre de 2025 el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, una cifra que triplica el promedio de los periodos legislativos anteriores (68 leyes en los primeros cuatro años de cada Congreso desde 2006) (RPP). El propio Consejo advirtió que este volumen de normas podría elevar la deuda pública hasta el 70 % del PBI.

La Ley 32679 encaja perfectamente en ese molde: se aprueba sin cuantificar su impacto, se sustenta en la buena intención de «cerrar brechas salariales» y se deja la factura para el siguiente gobierno, que asumirá en semanas con un margen fiscal ya estrecho.

Lo que esto significa para el ciudadano

Cada sol que el Estado gasta sin haberlo presupuestado con rigor es un sol que no va a mantenimiento de colegios, a medicinas en postas de salud o a comisarías operativas. El peruano de a pie no ve la ley, pero sí siente sus consecuencias: servicios públicos que no mejoran mientras el gasto en planilla se expande sin control. La Ley 32679 es el último regalo de un Parlamento que se despide, y la primera factura que recibe la nueva administración. Sin análisis, sin debate real y sin que nadie haya preguntado: ¿cuánto cuesta y quién lo paga?

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