La herencia de las últimas sesiones: las leyes que el unicameral dejó antes de irse

Mientras el país esperaba la proclamación presidencial, el Congreso unicameral aprovechó sus últimas sesiones para dejar una herencia legislativa que condicionará el próximo quinquenio. En dos días, el 23 y el 24 de junio, se aprobaron normas que blindan a las fuerzas del orden, equiparan el sueldo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia al de los jueces supremos y redirigen fondos de Sedapal. No son gestos aislados ni técnicos: configuran un patrón de protección selectiva a instituciones que antes fueron atacadas, o ignoradas, por el mismo Congreso.

La primera pieza, aprobada el martes 23 en segunda votación con 52 votos a favor, amplía el fuero militar policial y redefine el concepto de delito de función. La norma, impulsada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, establece que se considerará delito de función "toda conducta ilícita" cometida por policías o militares en actos del servicio, prohíbe procesos paralelos con la justicia ordinaria y obliga a la Corte Suprema a privilegiar la jurisdicción militar policial en caso de conflicto de competencias La Mula. Congresistas de oposición denunciaron que Rospigliosi intentó bloquear la presentación de un pedido de reconsideración cerrando el acta y retirándose de la Mesa Directiva; el recurso fue finalmente rechazado La República. Para cualquier ciudadano, el mensaje práctico es inquietante: si un policía comete un abuso durante un operativo, la justicia ordinaria podría verse obligada a archivar el caso y ceder la investigación al fuero policial, donde el espíritu de cuerpo pesa más que la imparcialidad.

La segunda pieza es una paradoja. El miércoles 24, el Pleno aprobó homologar los ingresos de los miembros titulares de la JNJ con los de los jueces supremos, que superan los 40 mil soles mensuales. La votación pasó los 60 votos a favor, aunque las cifras difieren según la fuente: 68 a favor, 19 en contra y 10 abstenciones según Gestión, y 62 a favor, 17 en contra y 7 abstenciones según El Comercio. El mismo Congreso que en 2023 intentó destituir sumariamente a los miembros de la JNJ y que mantuvo congelada la elección de nuevos magistrados ahora les concede un aumento. El proyecto justifica la medida en "una brecha inconstitucional" entre los magistrados de la JNJ y los jueces supremos. Pero el gesto, a días del cierre legislativo, tiene más de cálculo que de reparación: una JNJ con mayores ingresos es también una JNJ más expuesta al escrutinio público y más dependiente de la voluntad presupuestal del Ejecutivo entrante. Para el ciudadano que espera que la Junta fiscalice a jueces y fiscales sin presiones, la pregunta es inevitable: ¿un órgano al que le acaban de subir el sueldo será más independiente o más agradecido?

La tercera ley, también aprobada el miércoles 24 con 83 votos a favor y exonerada de segunda votación, redirecciona hacia proyectos de inversión en agua y saneamiento los recursos que Sedapal reservaba para la recompra de acciones de Fonafe, vinculados al mecanismo de la Ley 28941 que capitalizó la deuda tributaria de la empresa Congreso. Eso es lo que la norma hace según la fuente oficial: se redireccionan los recursos reservados para la recompra. A primera vista, la iniciativa suena razonable, más inversión en agua para poblaciones vulnerables. Pero, a juicio de este observador, redirigir esos fondos equivale en los hechos a aflojar la obligación de devolverle al Estado lo aportado, lo que debilita la posición patrimonial de la empresa y la vuelve más dependiente de las transferencias del Ejecutivo. En una ciudad donde el estrés hídrico es creciente, las reglas financieras de la empresa que gestiona el agua de diez millones de limeños merecían más que una exoneración de segunda votación.

Vistas en conjunto, estas tres leyes dibujan el rostro del Congreso que se va, pero su efecto no se queda en el hemiciclo. El fuero policial ampliado se sentirá en la calle: quien denuncie un abuso durante un operativo tendrá menos certeza de que la justicia ordinaria llegue a investigarlo. La homologación de sueldos de la JNJ aterriza en una pregunta directa sobre quién vigila a los jueces y fiscales que ven los procesos de cualquier persona. Y el redireccionamiento de los fondos de Sedapal recae sobre el recibo de agua de diez millones de limeños y sobre una empresa que, sin ese colchón, queda más atada a las transferencias del Ejecutivo. El nuevo Congreso bicameral que se instala el 28 de julio hereda estas normas y la obligación de revisarlas pensando en esa vida cotidiana, no en el equilibrio entre poderes.