La conspiración como estrategia: el riesgo de una oposición que no acepta resultados

Roberto Sánchez perdió la segunda vuelta por 49 641 votos. Lo sabe, lo dice y, sin embargo, se niega a aceptarlo con todas sus consecuencias. En una entrevista difundida el 29 de junio, el excandidato de Juntos por el Perú declaró: "Creemos nosotros que, de manera irregular, nos han vencido" (El Comercio). La frase condensa una postura que ya no es campaña: es una estrategia de desconocimiento que erosiona los cimientos del sistema electoral peruano.

Una derrota ajustada, una respuesta desproporcionada

Con el 100% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos (9 223 396) frente al 49,865% de Sánchez (9 173 755). La diferencia final fue de 49 641 sufragios (Caretas). Es un margen estrecho, pero inequívoco: 92 766 actas procesadas, fiscalizadas por personeros de ambas candidaturas, con las observaciones resueltas por los Jurados Electorales Especiales. El viernes 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará formalmente el resultado (Caretas). En cualquier democracia, ese número cierra la discusión.

Sánchez, sin embargo, insiste en que en territorio nacional ganó "por 26 mil votos" y que el resultado se invirtió por una supuesta manipulación del voto en el extranjero (La República). El argumento tiene un problema de origen: el voto de los peruanos en el exterior es tan válido como el depositado en Huamanga o en Chota. Restarlo no es ganar: es pedir que se descuenten los votos que no te favorecieron.

Sin pruebas, sin recursos, sin resignación

El Jurado Electoral Especial ya declaró improcedente el recurso de nulidad con el que Juntos por el Perú pretendía invalidar 2 400 mesas, 1 751 en territorio nacional y 649 en el extranjero, alegando "patrones de repetición exacta" de votos respecto de la primera vuelta. El tribunal lo rechazó por una razón elemental: quien pide una nulidad debe presentar pruebas, y no las hubo (Notimérica). En paralelo, el partido presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude en las oficinas consulares (RPP). Pero, como señaló el excanciller Hugo De Zela, la agrupación no ha presentado "una sola prueba" de adulteración del voto. De Zela calificó la tesis de una conspiración masiva como "francamente fantasiosa y ridícula" y recordó que el traslado de actas desde el extranjero está protegido por la Convención de Viena mediante valijas diplomáticas inviolables (El Comercio).

Sánchez ha anunciado que acudirá a "instancias internacionales" y que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (El Búho). Es su derecho, pero conviene precisar lo que esa vía puede y lo que no: la Corte Interamericana juzga violaciones de derechos humanos, no anula elecciones ni reescruta votos. Denunciar un "copamiento" de las instituciones peruanas mientras se pide que una instancia externa sustituya a los órganos electorales que el propio orden constitucional diseñó es, además de contradictorio, un camino que no devuelve un solo voto.

El costo de sembrar desconfianza sin evidencia

La narrativa de Sánchez tiene un efecto corrosivo que va más allá de su candidatura. Cuando un excandidato con el 49,9% de los votos afirma que el proceso fue irregular sin aportar pruebas, no ejerce su derecho a la fiscalización: siembra en millones de ciudadanos la idea de que su voto pudo ser manipulado. Ese gesto no fortalece la democracia; la debilita, y deja un sedimento de sospecha que sobrevive a la coyuntura.

Mientras tanto, la Comunidad Andina ya saludó a Keiko Fujimori como presidenta electa y reconoció "el espíritu democrático del pueblo peruano" (El Peruano). La propia Fujimori, tras conocerse el conteo al 100%, declaró que "las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas" (Caretas). Del otro lado, la respuesta es movilización, denuncia sin sustento y un discurso de desconocimiento que recuerda patrones ya vistos en otras democracias, donde el perdedor convierte la derrota en fraude y la fiscalización en deslegitimación.

Lo que está en juego no es un candidato: es la estabilidad

Para el ciudadano común, el que madrugó a votar, el que confió su cédula a una urna y espera que el país funcione, la negación de la derrota sin evidencia tiene consecuencias concretas: polariza el clima político, ahuyenta la inversión, distrae al Estado de atender la inseguridad y la economía, y deja flotando la idea de que un resultado electoral solo es válido cuando gana el propio. Una democracia que tolera ese mensaje como simple gesto retórico tolera su propia fragilidad.

Perú ya sabe lo que cuesta un gobierno que nace con legitimidad cuestionada. No necesita repetir la lección.