El Congreso como andén: once legisladores hacen las maletas mientras el bicameralismo espera

Once congresistas del periodo 2021-2026, poco más del 8% de la cámara saliente, han solicitado su inscripción para postular a gobiernos regionales y alcaldías en las elecciones de octubre de 2026, según La República y Enfoque Real. El dato no es una anécdota: es un síntoma. El Congreso peruano funciona, para una porción significativa de sus miembros, como plataforma de salto hacia cargos ejecutivos subnacionales, no como un destino político en sí mismo. Y la revelación llega justo cuando el país se prepara para estrenar, el 28 de julio, el nuevo Congreso bicameral de 190 escaños que estos mismos legisladores ayudaron a diseñar.

Seis a los gobiernos regionales, cinco a las alcaldías

Seis de los once postulan a gobiernos regionales. Edwin Martínez va por la Gobernación de Arequipa, Silvia Monteza por Cajamarca, Luis Aragón por Cusco e Hilda Portero por Lambayeque, todos bajo la bandera de Acción Popular, según La República. A ellos se suman Elías Varas, que compite por el Gobierno Regional de Áncash con Juntos por el Perú, y Luz López, la única congresista de Fuerza Popular en la lista, que postula a la vicegobernación de Ucayali.

Cinco más buscan alcaldías. Susel Paredes aspira a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Ahora Nación. Raúl Felipe Doroteo Carbajo compite por la Alcaldía Provincial de Ica con el PPC. Carlos Enrique Alva Rojas va por Trujillo con Acción Popular, confirmado por Hytimes. Darwin Espinoza Vargas, de Acción Popular, postula a una alcaldía distrital con Juntos por el Perú. Y Rosselli Amuruz, de Avanza País, postula a la alcaldía distrital de Santa María del Mar, según La República.

Acción Popular, el principal exportador

El patrón es nítido. Acción Popular encabeza la estampida con cinco de los once, Martínez, Monteza, Aragón, Portero y Alva Rojas, un partido que ni siquiera participó en las elecciones generales de 2026 tras la anulación de sus primarias por el Jurado Nacional de Elecciones. Cuatro de esos cinco arrastran el caso «Los Niños», la investigación fiscal por presunta organización criminal y tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. Portero, además, afrontó una denuncia constitucional por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. Espinoza, el quinto excongresista de AP en la lista, también fue comprendido en la misma investigación.

Fuerza Popular, que se impuso en la segunda vuelta presidencial y liderará las juntas preparatorias del nuevo Congreso bicameral, apenas coloca a una congresista en la lista de fugados: Luz López. La estampida es de partidos que necesitan recolocarse tras perder peso electoral o quedar fuera de las generales. Acción Popular lidera esa fila; Juntos por el Perú coloca a dos (Varas y Espinoza); Ahora Nación, el PPC y Avanza País aportan uno cada uno.

Todos prefieren ejecutar antes que legislar

Los once postulan a cargos ejecutivos. Ninguno busca quedarse en el Legislativo. Es una confesión tácita sobre dónde reside el poder real en el Perú: en el presupuesto subnacional. Los gobiernos regionales y locales manejan volúmenes de recursos que ningún congresista individual puede igualar desde un escaño. La pregunta no es por qué se van, sino por qué alguien esperaría que se queden.

El vacío de fiscalización

Once congresistas en campaña no interpelan, no investigan, no dictaminan. Entre hoy y el 26 de julio, cuando la Junta Preparatoria concluye sus funciones, según la disposición transitoria del Reglamento del Congreso, dos días antes de que el nuevo Congreso juramente el 28 de julio, once escaños quedan ocupados por candidatos en campaña. La Cámara de Diputados del nuevo Congreso será, constitucionalmente, la responsable de interpelar y censurar ministros. Pero durante esta transición, quienes debían ejercer control político en el Parlamento saliente están haciendo campaña en Arequipa, Cajamarca, Trujillo o Nuevo Chimbote.

La paradoja del bicameralismo

Los legisladores que ahora abandonan el Congreso son, en buena medida, los mismos que aprobaron la Ley 31988, la reforma constitucional de 2024 que restableció el bicameralismo. Diseñaron una institución con dos cámaras, 190 escaños, nuevas funciones de control y designación para el Senado, y un proceso legislativo más complejo. Antes de que esa arquitectura cobre vida, ya hicieron las maletas. No se quedan a habitarla. La usaron como tribuna, no como casa.

El nuevo Congreso bicameral se instala el 28 de julio con 130 diputados y 60 senadores. Nacerá con una dinámica que ya conoce: legisladores que ven el escaño como un andén para saltar al presupuesto regional. La reforma política no reformó la ambición.

Mientras tanto, once congresistas en campaña dejan atrás un Parlamento saliente donde el control político se debilita en el tramo más delicado de la transición. El ciudadano que esperaba que su representante fiscalizara al Ejecutivo saliente se queda sin esa supervisión durante el último mes del mandato. Y el que votó por el bicameralismo en 2024 recibe una cámara que sus propios arquitectos ya abandonaron.