12,634 extorsiones en seis meses: la epidemia que el Estado sigue sin medir

12,634. Esa es la cifra de denuncias por extorsión y chantaje que el Ministerio Público registró entre enero y junio de 2026. Son 70 al día. Tres cada hora. MPFN

El número no es una sorpresa para quien haya seguido la curva: la extorsión se multiplicó por diez en apenas cuatro años, al pasar de 2,320 denuncias en 2020 a 21,746 en 2023. ATV Y el primer semestre de 2026 proyecta otro récord. Si el ritmo se mantiene, el año cerraría con más de 25,000 denuncias.

Un sistema que denuncia pero no sentencia

El verdadero problema no está solo en el crecimiento de las denuncias, sino en lo que ocurre después de que una víctima se atreve a denunciar. Entre 2020 y 2025 se acumularon más de 85,000 denuncias por extorsión. Solo 1,470 casos llegaron al Poder Judicial. La República Es decir, más del 98% de las denuncias nunca atravesó el filtro de la judicialización.

La investigación de Punto Final fue más dura aún: entre enero de 2024 y julio de 2025, apenas veinte casos obtuvieron sentencia en todo el país. Caretas El propio Poder Judicial reportó 179 sentencias condenatorias en primera instancia entre enero y setiembre de 2024, PJ la cifra más alta del último lustro y aun así equivalente a menos del 1% de las denuncias de ese año. El resto de carpetas se estanca en fiscalías sin peritos y en teléfonos incautados que nadie analiza. El país dispone de menos de cinco equipos Cellebrite para extraer datos de celulares en todo el territorio, Caretas y revisar un solo aparato puede tomar meses. Es una cadena de impunidad que las bandas criminales conocen mejor que las propias autoridades.

La calle como termómetro

Mientras el sistema judicial digiere a cuentagotas los casos, la violencia escala en las calles. En lo que va de 2026 se han registrado 107 ataques contra transportistas en Lima y Callao, la misma cifra que en todo 2025. RPP Desde 2024, los atentados contra el transporte público han dejado 160 fallecidos y 151 lesionados. RPP Seis distritos, San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo, San Juan de Miraflores y Callao, concentran más de la mitad de los ataques.

No son cifras abstractas: cada ataque es un conductor que salió a trabajar y no regresó, un pasajero que iba a su casa y quedó en el fuego cruzado, un pequeño empresario que paga cupo para que no le quemen el negocio.

Más allá del Ministerio del Interior

El gobierno que asumió el 28 de julio, con Luis Galarreta al frente del gabinete y César Astudillo en el Ministerio del Interior, ha declarado la seguridad como prioridad. Pero la respuesta no puede limitarse a más policías en las calles o a renovar estados de emergencia que, como ya mostró la evidencia, desplazan el delito sin contenerlo. ATV

La extorsión es un delito económico: se sostiene en flujos de dinero que entran al sistema financiero o circulan en efectivo sin trazabilidad. Sin inteligencia financiera que persiga ese dinero, las cuentas, los testaferros, las transferencias, el ciclo no se rompe. Tampoco se rompe sin un sistema de protección a víctimas y testigos que funcione: hoy denunciar es poner en riesgo la vida, y el Estado no ofrece un escudo creíble.

El artículo 200 del Código Penal contempla la cadena perpetua para el extorsionador. PJ Pero una pena altísima que casi nunca se aplica no disuade a nadie. Lo que disuade es la certeza de que quien extorsiona será investigado, procesado y sancionado en un plazo razonable. Y esa certeza, hoy, no existe.

El nuevo gobierno no puede delegar la extorsión al Ministerio del Interior. Requiere una estrategia que articule a la Fiscalía, el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banca y Seguros y los gobiernos locales. Mientras ese circuito no funcione, cada tres horas alguien en el Perú presentará una denuncia por extorsión. Y casi nadie irá preso.