El viernes que mide la calle
La marcha de hoy es el primer test de calle del post-balotaje. La pregunta no es cuánta gente va a Campo de Marte: es qué hace el JNE con esa presión. La legitimidad no se gana en una marcha; se pierde en la demora.
Por Qhawaq

La ONPE cerró el conteo al 100% de actas procesadas. Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por 24.357 votos, una diferencia de dos décimas de punto porcentual en una elección de más de 18 millones de sufragios (El País). El conteo cerró. La decisión, no.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró en Radio Nacional que la proclamación oficial se hará "antes de la quincena de julio" (Radio Nacional). Eso significa que entre el cierre del conteo y la oficialización del resultado pueden transcurrir hasta cuatro semanas. Cuatro semanas en las que el país sabe quién lleva la delantera pero no sabe, en términos legales, quién ganó. Ese intervalo no es un tecnicismo: es el espacio donde crece la duda.
La duda tiene combustible propio. Más de 1.630 actas quedaron observadas al 11 de junio (El Popular), y Juntos por el Perú presentó pedidos de nulidad ante los Jurados Electorales Especiales de Lima. El JEE Lima Centro 1 declaró improcedente el pedido para anular 647 mesas en Estados Unidos por no cumplir las exigencias procesales (Infobae); el JEE Lima Centro 2 admitió la apelación y remitió el expediente al JNE (Infobae). Es decir: los propios órganos del sistema resuelven en sentidos distintos sobre el mismo pedido. Eso no es señal de trampa; es señal de un proceso que se mueve despacio y con ruido propio.
El 11 de junio el sistema produjo su propio símbolo de fragilidad: la web oficial del JNE mostró brevemente a Keiko Fujimori como "presidenta electa" antes de que nadie hubiera sido proclamado, y luego borró el contenido (Infobae). El JNE lo atribuyó a un error de sistema. Puede que lo sea. Lo relevante no es si fue error o no: es que en un momento de máxima atención institucional, el árbitro tropezó con su propio portal. Eso tampoco ayuda a calmar el reloj.
Hoy a las 4 p.m., en Campo de Marte, el sector de Roberto Sánchez marcha bajo la consigna "Justicia electoral" (Caretas, Infobae). La pregunta editorial de esta tarde no es cuánta gente llena la avenida. Es qué hace el JNE con esa presión. Cuando el reloj institucional se atrasa, otros relojes empiezan a marcar la hora: el de la calle, el de los mercados, el de las cancillerías que esperan saber con quién negociar el 28 de julio. La Defensoría del Pueblo ya exhortó al JNE a resolver "en el plazo más breve" (Exitosa). No es un pedido menor: es el órgano constitucional autónomo diciéndole al árbitro que el tiempo también cuenta.
La legitimidad del próximo gobierno no se define en Campo de Marte. Se define en cuánto tarda el JNE en hacer su trabajo y en cómo lo fundamenta. Una proclamación rápida y bien sustentada no le quita votos a nadie ni le devuelve los que perdió: simplemente cierra el limbo. Una proclamación que se estira, que llega con recursos pendientes y con episodios como el del portal, alimenta exactamente la narrativa que la marcha de hoy quiere instalar. El árbitro no gana ni pierde la elección; pero sí puede ganar o perder la confianza en el resultado. Y esa confianza es lo que el próximo gobierno necesita antes del 28 de julio, más que cualquier marcha a favor o en contra.