El crédito suplementario en tierra de nadie: el Congreso gasta mientras la Presidencia espera

Hoy viernes 26 de junio, mientras el Jurado Nacional de Elecciones se prepara para proclamar al nuevo presidente entre el 3 y el 7 de julio, la Comisión de Presupuesto del Congreso sesiona para debatir y votar el predictamen del Proyecto de Ley 14799/2025-PE: un crédito suplementario de S/ 9,596 millones que el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, sustentó el 16 de junio ante ese mismo grupo de trabajo (Andina; Congreso).

La cifra no es menor: S/ 1,260 millones provendrían de bonos del Tesoro Público, S/ 2,900 millones de mayores ingresos ordinarios, producto de una economía que creció 3.6% entre enero y abril, y S/ 5,436 millones de canon, sobrecanon y regalías para gobiernos regionales y locales (Peru Construye). Del componente de S/ 4,160 millones financiado con recursos ordinarios y bonos, el 70% se dirige a gasto de capital para la continuidad de obras públicas y el 30% restante a servicios esenciales (Revista Economía; Peru Construye).

Sobre el papel, los destinos son atendibles: S/ 93 millones para seguridad ciudadana, S/ 65 millones para agua y saneamiento en Comas, Carabayllo y Ventanilla, S/ 57 millones para la CTS y gratificación de trabajadores CAS, colegios emblemáticos, hospitales como el Bernales y el de Piura, prevención ante el Fenómeno El Niño, y cientos de caminos vecinales y proyectos de riego en regiones (Congreso; Peru Construye).

El problema no está en el qué sino en el quién y el cuándo.

El gobierno que impulsa este crédito suplementario es el de Dina Boluarte, cuyo mandato concluye el 28 de julio. La segunda vuelta electoral ya ocurrió. El JNE ha fijado la proclamación para la primera semana de julio (Infobae; El Tiempo). Sin embargo, el Ejecutivo saliente, políticamente derrotado en las urnas y sin continuidad, está empujando una decisión presupuestal que compromete recursos del próximo gobierno. No es ilegal, pero sí institucionalmente cuestionable.

El Congreso, por su parte, no es un espectador neutral. La Comisión de Presupuesto la preside Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso, y entre sus miembros están Eduardo Castillo Rivas y Arturo Alegría, de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular (Congreso). Durante el debate del 16 de junio, varios congresistas cuestionaron la coherencia del proyecto, Castillo lo calificó de "poco coherente", pero no para frenarlo sino para pedir más recursos para sus propias prioridades: más para Defensa, más para Interior, más para sus regiones (Congreso). La dinámica no es de control, sino de reparto sin presidente electo a la vista.

Hay una lectura institucional más profunda. El crédito suplementario se tramita con el Proyecto de Ley 14799/2025-PE: la numeración indica que ingresó al Congreso en 2025, antes de las elecciones (Andina). Pero el debate real y la votación ocurren en este interregno de junio y julio, cuando el país carece de la figura que debería liderar cualquier discusión fiscal de esta magnitud: un presidente proclamado por el JNE. La ausencia de esa proclamación no paraliza al Estado, y no debería, pero sí debería imponer una prudencia que hasta ahora no se observa.

¿Qué ocurre si el predictamen se aprueba? El nuevo gobierno recibirá un presupuesto ensanchado, con partidas atadas y negociadas por un Congreso que aprovechó la ventana de la transición para incidir en el gasto público sin rendir cuentas a la administración entrante. Las obras serán bienvenidas; la forma de decidirlas, no tanto.

La transición democrática no debería ser la temporada de las últimas facturas de un gobierno saliente. Si la proclamación está a una semana de distancia, la pregunta no es si el crédito suplementario tiene mérito, muchas partidas lo tienen, sino si vale la pena que el Estado peruano tome una decisión presupuestal de S/ 9,596 millones a días de saber quién gobernará. La prudencia fiscal empieza por reconocer cuándo uno ya no debe decidir.