El Congreso redirige el colchón financiero de Sedapal en su última sesión

La noche del 24 de junio de 2026, en la última sesión del Pleno del Congreso unicameral, los legisladores aprobaron una ley que merece más atención de la que recibió. Con 83 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, el Pleno decidió que los recursos financieros que Sedapal tenía reservados para recomprar acciones de Fonafe se destinen íntegramente a proyectos de inversión. La medida fue exonerada de segunda votación.

El mecanismo conviene precisarlo. La Ley 28941 de 2006 dispuso que el Estado asumiera la deuda tributaria de Sedapal y la capitalizara como aporte de capital, emitiendo acciones a nombre del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Desde entonces, Sedapal mantenía recursos reservados para recomprar esas acciones, fondos comprometidos para devolverle al Estado el capital que puso para sanearla. La nota del Congreso no desglosa el calendario de esa recompra, de modo que el detalle de cómo debía pagarse queda fuera de lo que la fuente documenta.

Lo que hace el proyecto de ley 10396/2024-CR, dictaminado en la Comisión de Vivienda el 19 de junio de 2025 con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención, es romper ese circuito: los fondos que Sedapal destinaba a la recompra ya no irán a Fonafe sino a financiar proyectos de inversión en agua y saneamiento. Ya en 2026, la presidenta de la Comisión de Vivienda, María Acuña Peralta (APP), defendió la iniciativa ante el Pleno como una forma de cerrar brechas en infraestructura para la población en condición de pobreza.

La intención declarada es atendible. El problema no es el qué sino el cómo.

El debate parlamentario registrado no ofrece respuestas a preguntas elementales: ¿a cuánto ascienden exactamente los recursos que se redirigen? ¿Cuánto queda por recomprar? ¿Qué proyectos concretos se financiarán y bajo qué criterios de priorización? La norma dice que deben ser proyectos de la cartera del sector saneamiento en Lima, pero no establece un mecanismo público de selección, supervisión ni rendición de cuentas.

El contexto agrava la lectura. No se trató de una sesión ordinaria cualquiera: fue la última del Congreso unicameral (RPP) antes del paso al sistema bicameral. El nuevo Congreso bicameral se instala el 28 de julio de 2026, fecha del cambio de mando y de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que restituyó las dos cámaras. En esa misma jornada se aprobaron en cadena leyes de distinto calibre, desde la creación de universidades hasta normas sobre descanso laboral. La de Sedapal pasó sin resistencia: cero votos en contra. En un Parlamento fragmentado, la unanimidad suele ser síntoma de algo distinto al consenso técnico.

¿Qué significa esto para el ciudadano de Lima? Que la empresa encargada de llevar agua potable a la capital pierde un colchón financiero que estaba comprometido por ley. Los recursos que hoy se redirigen a inversión dejan de estar disponibles para la estabilidad patrimonial de Sedapal. Y si los proyectos de inversión no se seleccionan con criterios técnicos sino con criterios políticos, como la experiencia peruana enseña, el resultado puede ser el peor de los mundos: una empresa debilitada y obras que no cierran brechas.

La transición al bicameralismo se presentó como una oportunidad para mejorar la calidad legislativa. Esta ley, aprobada en las últimas horas del unicameralismo, es un recordatorio de los vicios que la reforma debería corregir: iniciativas sin sustento técnico, aprobadas por inercia y con el dinero de todos como única certeza.

Qhawaq