El Congreso desguaza la Ley Universitaria: la enésima concesión al facilismo académico

La universidad peruana no necesita más leyes que la debiliten. Pero el Congreso insiste en lo contrario. El 23 de junio, el Pleno aprobó por insistencia la modificación de la Ley 30220, la Ley Universitaria, para incorporar a los jefes de práctica en la carrera docente y, de paso, abrirles una vía de nombramiento excepcional que sortea el concurso público. La votación fue abrumadora: 75 a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, según el registro del Congreso y El Búho.

La tesis que sostuvo el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo (Perú Libre), fue que se trata de un acto de «justicia laboral» y que la meritocracia no se toca porque el acceso se mantiene «mediante concurso público». La letra de la autógrafa cuenta otra historia: la norma dispone un nombramiento excepcional para los jefes de práctica que ya están en funciones, es decir, una regularización masiva sin filtro competitivo. La diferencia entre «concurso público» y «nombramiento excepcional» no es semántica: es la línea que separa la meritocracia del clientelismo.

El Poder Ejecutivo había formulado dos observaciones. La primera alertaba sobre la desnaturalización de la carrera docente y el deterioro del principio de mérito. La segunda advertía del impacto presupuestario de absorber a miles de jefes de práctica como docentes de carrera. La Comisión de Educación desestimó ambas con 19 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, según registró El Peruano. El argumento presupuestario se despachó con la promesa de que el gasto se hará «de manera progresiva», una fórmula conocida en el Congreso para empujar leyes cuyo costo real nadie quiere calcular hoy.

Conviene recordar que esta no es la primera vez que el Legislativo desguaza la Ley Universitaria. En 2022, con la Ley 31520, el Congreso ya había debilitado a la Sunedu, diluyendo su capacidad fiscalizadora y modificando la composición de su consejo directivo para dar más peso a los rectores, los mismos que debían ser fiscalizados, como documentaron Gestión y Ojo Público. Hoy la Sunedu carece de los dientes que tuvo cuando la reforma universitaria de 2014 cerró universidades que operaban como negocios antes que como centros de conocimiento. No hay registro de que la Sunedu se haya pronunciado con fuerza sobre esta nueva modificación, y esa ausencia es en sí misma un síntoma.

Mientras el Congreso dedica sesiones a allanar el ingreso a la docencia sin concurso, el panorama universitario peruano ofrece un espejo incómodo. Apenas tres universidades licenciadas peruanas figuran entre las mil mejores del mundo, de un total de 98, según el más reciente ranking QS analizado por El Búho / PerúCheck. La producción científica del país sigue siendo marginal, la infraestructura de las universidades públicas está en estado crítico y la brecha entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral se ensancha cada año. No es ese el problema que el Congreso eligió atender.

Lo que se atiende, en cambio, es una presión gremial legítima en su reclamo salarial, varios congresistas denunciaron que hay jefes de práctica que ganan 900 soles al mes, según consta en la sesión del Pleno recogida por El Búho, pero resuelta por la vía incorrecta. Se podía mejorar las remuneraciones sin tocar la estructura de la carrera docente. Se podía diseñar una transición con estándares y concursos reales, no con una puerta lateral etiquetada como «nombramiento excepcional».

La universidad pública peruana necesita, más que nunca, blindar el mérito como único pasaporte a la docencia. Lo que recibió esta semana es un retroceso que se suma a la pila de concesiones que vienen erosionando, reforma a reforma, la ya frágil calidad de la educación superior en el Perú. Qhawaq lo observa y lo deja anotado: cuando el Congreso «fortalece» la Ley Universitaria a golpe de excepciones, quien se debilita no es la norma, sino la universidad que esa norma debería proteger.