La Comisión de Ética estrena su plan de trabajo con un caso de violencia: la prueba de fuego

Un caso de violencia abre la era bicameral

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados no tuvo que esperar para su primera prueba. En la misma sesión en que aprobó su plan de trabajo para el periodo 2026-2027, el grupo abrió una indagación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por una denuncia de presunta agresión física y psicológica contra su expareja. El caso llega apenas instalado el Congreso bicameral y define, desde el arranque, el estándar con el que el nuevo parlamento tratará la violencia.

El plan aprobado el 19 de agosto prevé sanciones de suspensión que van de 3 a 120 días de legislatura con descuento de haberes, según Andina. El denunciante, el diputado Cristian Aranda, pidió aplicar a Pérez Mallqui el tope de esa escala: 120 días sin goce de haber, de acuerdo con Diario Correo. El señalado fue detenido el 30 de julio en la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física, y explicó el episodio como "un tema de cólera".

El espejo del unicameral, al corte de abril de 2023: 91 de 117 archivadas

El antecedente no ofrece margen para el optimismo. En el Congreso unicameral, la Comisión de Ética evaluó 117 denuncias contra congresistas hasta el 9 de abril de 2023: archivó 91, dejó 11 con recomendación de sanción y el resto seguía en proceso de investigación o indagación preliminar, según Andina. De los 11 casos con recomendación, cinco llegaron al pleno y en solo dos se aprobó la suspensión que recomendaba la comisión. Esas dos suspensiones, de 120 días de legislatura y sin goce de haberes, recayeron en Freddy Díaz Monago y Enrique Wong Pujada. Dicho de otro modo: por cada denuncia que acabó en sanción, decenas se extinguieron en el archivo.

Ese historial es lo que el plan recién aprobado tiene en contra. Un documento puede fijar plazos y criterios, pero el registro disponible de la comisión muestra que la mayoría de las denuncias terminó archivada y solo una minoría llegó a sanción.

Lo que está en juego no es un expediente, es una señal

Para el ciudadano, este caso no se mide en días de suspensión. Se mide en la señal que el Estado envía sobre cuánto cuesta agredir a una pareja. Una mujer que denuncia necesita saber que su palabra pesa más que la bancada; un agresor potencial necesita saber que el cargo no lo protege.

La propuesta de que cada integrante presente su hoja de vida y declare procesos fiscales o judiciales, aprobada por unanimidad en la misma sesión, es un buen síntoma de transparencia. Pero el síntoma no sustituye al órgano: la credibilidad de la nueva Cámara de Diputados no se juega en las hojas de vida que entreguen, sino en la decisión que tomen sobre Pérez Mallqui. Si la comisión repite la costumbre de absolver por cálculo político, su plan de trabajo será un documento decorativo y la víctima habrá vuelto a quedar sola frente al poder.