INABIF: anunciar cambios estructurales no es lo mismo que tener un plan

El INABIF no tiene un problema de gestión: tiene un problema de diseño. La ministra de la Mujer, María Seminario, atribuye los maltratos a menores a la administración anterior y anuncia "cambios estructurales", pero no presenta un plan con presupuesto ni plazos. Mientras el Estado cuide a los niños albergados con una institución precaria y sin un canal de denuncia confiable, cada anuncio será reacción y no protección.

El anuncio llega después de la prensa, no antes de la crisis

La primera señal de que algo está roto es que el Estado se entera por los medios de los maltratos a los niños que él mismo protege. La ministra María Seminario admitió que su sector conoció las denuncias "por la prensa" y no por la Comisión de Transferencia, pese a que algunos hechos ocurrieron en diciembre y otros en febrero, antes del inicio de su gestión RPP. Ella misma describió el caso de una niña de 13 años a la que, según su relato, le habían amarrado los brazos y los pies a una silla RPP. Los reportes periodísticos suman el caso de una menor de 11 años que habría recibido una cachetada de una funcionaria y a la que dos tutoras envolvieron con una sábana durante una crisis emocional, en el Centro de Atención Residencial Niño Jesús de Praga, en Pueblo Libre Caretas. Que el ministerio anuncie "decisiones radicales" recién ahora confirma que el sistema solo reacciona cuando la denuncia aparece en pantalla RPP.

No es un problema de gestión: es un Estado que cuida con lo mínimo

La promesa de cambios en procesos, capacitación y supervisión no viene acompañada de un plan con recursos ni fechas. Las cifras que acompañan el anuncio describen una institución estructuralmente precaria: 1,344 menores bajo protección distribuidos en 52 centros de atención residencial RPP, 13 directores ejecutivos en los últimos cinco años RPP y un 98% del presupuesto consumido en planillas y en bienes y servicios Andina. Trece direcciones en cinco años significan que ninguna política pedagógica o psicológica llega a madurar. Y cuando casi todo el dinero se va en salarios y gasto corriente, queda muy poco para supervisión, capacitación real o infraestructura de cuidado. Eso no es un error de una gestión: es el diseño de una institución que funciona con el margen justo para no colapsar, hasta que colapsa.

El eslabón que falta: una denuncia en la que el niño confíe

Los cambios anunciados son administrativos: procedimientos, cámaras en las áreas comunes y una revisión del servicio de nutrición, que hoy cuenta con 100 nutricionistas Andina. Entre las medidas anunciadas no figuran una reforma legal ni un rediseño del mecanismo por el cual un menor puede denunciar sin miedo a represalias dentro del mismo centro. El director del INABIF, Félix Villegas, informó que se abrieron procesos administrativos disciplinarios contra los trabajadores involucrados y que la Procuraduría presentó las denuncias penales ante la Fiscalía Caretas. Esos procesos son correctos, pero llegan después de que un programa de televisión destapó los hechos. Una cámara en el comedor registra el golpe, no lo evita; y un niño que teme a su cuidadora no denunciará ante la misma institución que lo cuida.

Qué significa esto para un ciudadano

No se trata de una estadística de gestión: son 1,344 niñas, niños y adolescentes que el Estado separó de sus familias, o que no las tienen, y a quienes prometió proteger RPP. Si el Estado no puede garantizar que un niño bajo su custodia no sea atado a una silla ni envuelto en una sábana durante una crisis, la falla no es administrativa: es de la protección misma que prometió. Anunciar cambios estructurales sin plan, sin presupuesto y sin un mecanismo de denuncia independiente deja sin responder la única pregunta que importa para ese menor: quién responde cuando el Estado que debía cuidar es el que maltrata.