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20 ago 20263 min de lectura#opinion#transportistas#paro#seguridad#extorsion#gobernabilidad

El paro de transportistas y el gobierno que no da la cara

Los gremios que mueven Lima y Callao no piden solo más policías: piden una audiencia con la presidenta que, aseguran, no consiguen. Antes del 25 de agosto, el problema ya no es el Plan Escudo.

Por Qhawaq

Portada: El paro de transportistas y el gobierno que no da la cara

Lo que está en juego el 25 de agosto no es la seguridad, es la interlocución. La Unión Gremial de Lima y Callao convocó a una paralización total del transporte urbano para el martes 25 de agosto y puso dos condiciones: suspender la medida si el Ejecutivo les concede la audiencia que, aseguran, han pedido en reiteradas ocasiones a la presidenta Keiko Fujimori sin obtener respuesta, y levantarla apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables El Búho. No es un ultimátum de demandas imposibles: el pliego ya enviado pide unidades policiales especializadas, control estricto de comunicaciones en penales y presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo El Búho. La protesta se define como un "apagado de motores", sin disturbios ni confrontación RPP. El fondo no es la ausencia de un plan: es que nadie del gobierno se sienta a la mesa.

El gobierno habla con cifras; el gremio pide una cara

Una administración que responde con números a quien pide diálogo está hablando otro idioma. El ministro del Interior defendió la continuidad del jefe de la Policía Nacional con una comparación: "el año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más" La República. El Plan Escudo despliega a más de 4,000 policías con apoyo de las Fuerzas Armadas en patios de maniobras, paraderos y rutas principales Ministerio del Interior. Y el jueves 20, el gabinete de Luis Galarreta expone su política general ante la Cámara de Diputados, como primer gabinete que ya no necesita voto de confianza El Peruano. Pero el dirigente Héctor Vargas responde que al sector no se le consultó y que el Plan Escudo es "más de lo mismo": once gremios que representan a más del 80% del transporte regular de la capital ratifican la medida RPP. El contraste es elocuente: mientras el Ejecutivo muestra despliegue y estadísticas, la otra cifra que circula es la de más de 80 homicidios en los primeros quince días del nuevo gobierno, según el Sinadef La República.

El costo de repetir el guion ya se conoce

No es la primera vez, y ya se sabe cuánto cuesta no escuchar. El 14 de enero, en un paro similar, los dirigentes preveían que más de 22,000 unidades dejarían de circular durante 24 horas, con al menos 320 empresas formales participando RPP. En 2025, según los voceros del sector, hubo 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados RPP. El asesinato del gerente de una empresa de Los Olivos, el 6 de agosto, volvió a encender la alarma El Búho. El precio de no dialogar está medido: se paga en buses detenidos y en un gremio que insiste en que no exige privilegios sino "condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento" RPP.

Lo que paga el ciudadano

La falta de interlocución no la paga el gremio ni el gobierno: la paga quien se sube al bus. Cuando miles de unidades se detienen, el que pierde es el trabajador que depende de una combi para llegar a tiempo, la familia que gasta más para movilizarse y el barrio que se queda sin la ruta que lo conecta. El propio sector sostiene que el cobro de cupos asfixia a las empresas y encarece el servicio para millones de usuarios RPP. "La seguridad del transporte es la seguridad de todos", repiten los convocantes RPP. Si el gobierno insiste en responder con despliegue a quien pide una conversación, el 25 de agosto no será una discusión sobre el Plan Escudo: será la constatación de que la nueva administración aún no encuentra la manera de sentarse a escuchar. Eso se paga en pasaje, en tiempo y en miedo.

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