Cerrón: dos cargos caídos y la sombra de la impunidad

El caso Antalsis se desmorona

Hace menos de cuatro meses, Vladimir Cerrón enfrentaba tres delitos en el caso Antalsis: colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir agravada. Hoy, dos de esos tres pilares están caídos o en vías de estarlo.

El 10 de abril de 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el delito de colusión agravada por "sospecha insuficiente", acogiendo el pedido de la propia Fiscalía. El fundamento fue claro: ningún colaborador eficaz aportó prueba directa de un pacto ilícito entre Cerrón y los directivos de SIMA-PERÚ para favorecer a empresas de la presunta red criminal.

El 19 de julio, el Ministerio Público repitió la fórmula y pidió el sobreseimiento del cohecho pasivo propio. El mismo juez ha dado diez días hábiles a las partes procesales antes de convocar a una audiencia preliminar inaplazable. Si el archivo se confirma, solo quedará en pie el cargo de asociación ilícita para delinquir agravada: el armazón se sostiene sobre una sola columna.

El TC le abre la puerta

Dos días después del nuevo pedido fiscal, el 21 de julio, el Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus de Cerrón y dejó sin efecto su prisión preventiva de 24 meses por el caso Los Dinámicos del Centro. El fallo se aprobó por cuatro votos contra tres: Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez a favor; Pacheco, Monteagudo y Ochoa en contra.

El argumento de la mayoría fue que las condenas que supuestamente forzaron a Cerrón a la clandestinidad, Aeródromo Wanka y La Oroya, ya habían sido anuladas. Sin esas condenas, razonó el TC, los jueces penales debieron reevaluar si el peligro de fuga persistía. La minoría discrepó con dureza: Monteagudo subrayó que la decisión voluntaria de permanecer no habido desde octubre de 2023 justifica por sí sola la prisión preventiva, con independencia de que otros fallos se anularan después.

La paradoja del prófugo que gana sin aparecer

Que un tribunal revise una prisión preventiva es propio del Estado de derecho. Lo que incomoda es la secuencia: Cerrón acumula más de dos años sin comparecer ante ninguna autoridad y, sin embargo, su situación jurídica mejora fallo tras fallo.

No hay aquí un inocente que limpia su nombre dando la cara. Hay un fugitivo cuya defensa ha conseguido tumbar dos de los tres cargos del caso Antalsis sin que él haya pisado una sola audiencia de ese proceso. La estrategia judicial avanza mientras el cuerpo sigue ausente. Y ahora, con el hábeas corpus fundado, el TC le ordena al Poder Judicial que dicte medidas alternativas: Cerrón podría recuperar su libertad ambulatoria sin haber respondido todavía por la asociación ilícita que sigue vigente.

Lo que el ciudadano percibe

Cada peruano que acude a una citación, que paga sus impuestos y confía en que las reglas se aplican igual para todos, debería preguntarse qué mensaje envía el sistema cuando quien elude a la justicia durante más de dos años recibe, uno tras otro, fallos que despejan su camino.

El problema no es que existan absoluciones ni que el TC tutele derechos. El problema es la arquitectura de la secuencia: un prófugo que no da la cara ve cómo la acusación en su contra se desinfla sin haber tenido que explicar nada ante un juez. Esa es la fábrica cotidiana de impunidad, la que corroe la confianza ciudadana más que cualquier crisis política. Porque cuando la justicia parece rendirse antes de juzgar, el mensaje para el ciudadano de a pie es devastador: si tienes los recursos y la paciencia, el sistema se cansa primero.