El aumento salarial a FF.AA. y PNP: un gesto de despedida que no frena las extorsiones
El Decreto Supremo 112-2026-EF eleva las remuneraciones de militares y policías en un país con 53,958 denuncias por extorsión y apenas 708 condenas. El dinero ya estaba presupuestado, pero el gobierno saliente firma el decreto a un mes de entregar el poder, sin tocar la impunidad que está en el fondo del problema.
Por Qhawaq
El lunes 22 de junio, El Peruano publicó el Decreto Supremo 112-2026-EF, que aprueba los nuevos montos de la remuneración consolidada para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el cuarto tramo de un reajuste escalonado previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026, y se aplica desde este mes. Los montos van desde S/ 3,263.36 para un alférez hasta S/ 12,688.04 para el grado más alto, y alcanzan a todos los grados de oficiales y suboficiales.
Hasta aquí, una medida de gestión. Lo que la vuelve un hecho político es quién firma y cuándo.
El decreto lo rubrica el presidente José María Balcázar Zelada, que entrega el poder el 28 de julio, junto a sus ministros de Defensa, Economía e Interior: Amadeo Flores Carcagno, Rodolfo Acuña Namihas y José Zapata Morante. Es uno de los últimos actos de una administración que nació de una doble sucesión constitucional, la vacancia de Dina Boluarte y la censura de José Jerí, y que se despide con un gesto dirigido a las fuerzas del orden.
No hay nada ilegítimo en el aumento. Los sueldos de policías y militares han estado históricamente rezagados, y nadie razonable defendería que un suboficial que arriesga la vida cobre una miseria. El problema no es el monto. Es lo que ocurre fuera del Boletín de Normas Legales, mientras esos nuevos sueldos se oficializan.
El país acumula 53,958 denuncias por extorsión entre enero de 2024 y abril de 2026, según datos que RPP obtuvo por pedidos de acceso a la información. En ese mismo periodo, el Poder Judicial dictó solo 708 condenas. Hecha la cuenta con esas mismas cifras, es una condena por cada 76 denuncias: apenas el 1.3% de los casos llega a sentencia, y alrededor de 98 de cada 100 quedan sin castigo. Detrás de cada número hay un comerciante, un transportista o un dueño de bodega que recibe una amenaza de muerte por mensaje y descubre que el Estado no llega.
Subir el sueldo no toca esa fractura. El cuello de botella de la extorsión no está en la planilla policial, sino en una inteligencia criminal débil, en investigaciones fiscales que avanzan a paso lento y en un Poder Judicial que condena a goteo. Un salario más alto puede ayudar a retener y profesionalizar a la tropa, y eso no es poco. Pero no repara por sí solo la cadena que explica por qué casi ninguna denuncia termina en una sentencia. Pagar mejor a quien persigue al delito sirve de poco si el delito casi nunca se castiga.
Conviene precisar algo, para no alimentar una lectura facilista: este aumento no es una bomba fiscal que estalla en manos del próximo gobierno. El propio decreto establece que el financiamiento sale de los presupuestos institucionales de Defensa e Interior, sin pedir recursos adicionales al Tesoro Público. El que entra el 28 de julio no hereda un hueco imprevisto: hereda un gasto ya programado. Lo que sí hereda es la parte difícil, demostrar que ese dinero es una pieza de una estrategia de seguridad y no un fin en sí mismo.
Porque la ecuación peruana de la seguridad lleva años repitiéndose: más denuncias, más presupuesto, más decretos y la misma impunidad de siempre. El aumento era necesario y justo. Pero sin fiscales que acusen, sin jueces que condenen y sin una policía que pueda investigar sin miedo ni precariedad, esos nuevos soles en la boleta serán lo que son hoy: el gesto de despedida de un gobierno que se va sin haber frenado la ola de extorsiones.