Absalón Vásquez al Senado: la credencial que el JNE entrega a un condenado por corrupción

La credencial que mancha al nuevo Senado antes de nacer

El lunes 20 de julio de 2026, a menos de una semana de la instalación del Congreso bicameral, el Jurado Nacional de Elecciones entregó la credencial de senador a Absalón Vásquez Villanueva, accesitario de Rafael López Aliaga por Renovación Popular Gestión. El gesto administrativo, rutinario en la forma, esconde una anomalía de fondo: Vásquez es un exministro del régimen de Alberto Fujimori sentenciado por corrupción y con una deuda millonaria por reparación civil que se niega a pagar.

El hecho no es una sorpresa. Vásquez figuraba en el número 5 de la lista de Renovación Popular y nadie lo impugnó a tiempo.

Un expediente que no prescribe en la memoria pero sí en los filtros electorales

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción confirmó por escrito que Vásquez fue sentenciado el 17 de febrero de 2007 por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir La República. La condena, emitida por la Tercera Sala Penal Especial y hoy en ejecución ante el 21° Juzgado Penal Liquidador, lo encontró responsable de usar fondos clandestinos del Servicio de Inteligencia Nacional que Vladimiro Montesinos destinó a la campaña municipal de Juan Carlos Hurtado Miller. Se le impuso una reparación civil de S/1.070.000. Diecinueve años después, Vásquez solo ha abonado S/21.050: el 1.97% de la deuda La República. Su defensa ha oscilado entre negar la condena y alegar persecución política.

El vacío legal que convierte un impedimento en un trámite

La Constitución tiene dos artículos que deberían haber cerrado esta ruta. El artículo 34‑A, incorporado en 2020, establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso El Peruano, Ley 31042. El artículo 33 suspende el ejercicio de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de la libertad o con inhabilitación de derechos políticos Constitución, art. 33.

Pero el artículo 90, que fija los requisitos para ser senador, no exige carecer de antecedentes penales: basta con ser peruano de nacimiento, tener 45 años o haber sido congresista, y gozar del derecho de sufragio Constitución, art. 90. Como la pena de Vásquez fue de prisión suspendida y ya está cumplida, y su sentencia no incluyó inhabilitación de derechos políticos, el JNE no encontró obstáculo formal para entregarle la credencial.

La arquitectura legal peruana prohíbe postular, pero no impide asumir. La diferencia entre ambos verbos es el agujero por el que se cuela la impunidad.

Lo que esto le cuesta al ciudadano

Cada sol de reparación civil impago es un sol que el Estado deja de recuperar para hospitales, escuelas o comisarías. Pero la factura más profunda es simbólica: cuando un sentenciado por peculado accede al Senado, el mensaje para el ciudadano es que la corrupción, si se litiga con paciencia y se postula sin tacha a tiempo, prescribe en la práctica.

El nuevo Congreso bicameral arranca con un senador que le debe al Estado más de un millón de soles. Antes de debatir leyes, el Perú tendrá que decidir si tolera que quienes las escriben tengan cuentas pendientes con la justicia.