600 jueces en 2026: la JNJ apuesta por la cobertura judicial mientras el TC desconfía de los jueces
La Junta Nacional de Justicia aprobó concursos para 600 jueces el 21 de julio. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional apartó a un juez suspendido por falta de objetividad. El Estado pide más jueces y, a la vez, desconfía de los que ya tiene.
Por Qhawaq
El martes 21 de julio de 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó cuatro concursos públicos para nombrar a 600 jueces en todo el país: superiores, especializados, mixtos, de paz letrado y de control, tanto por ascenso como por acceso abierto, mediante la Resolución 459-2026-JNJ, según Andina. Al día siguiente, el miércoles 22, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un hábeas corpus presentado por Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda y ordenó apartar al suspendido juez Richard Concepción Carhuancho del caso "Los Waykis en la sombra", por haber puesto "en entredicho la objetividad" del magistrado, según detalló El Comercio. En apenas veinticuatro horas, el Estado peruano dijo dos cosas: necesitamos más jueces, pero no confiamos en los que ya están.
Una justicia a medio construir
La convocatoria de la JNJ no es un gesto simbólico: responde a una emergencia estructural. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió en octubre de 2025 ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que el recorte de S/ 355 millones en su Presupuesto Institucional de Apertura para 2026 golpea de lleno la expansión de la judicatura. "Son S/ 355 millones que impiden que tengamos más órganos jurisdiccionales para atender casos de bandas y organizaciones criminales", dijo, según el Poder Judicial. La magnitud del problema es conocida: prácticamente la mitad de los jueces del país son provisionales o supernumerarios, según reconoció la propia Tello ante el Congreso. Un juez que debe su puesto a una designación temporal, y no a un concurso público, tiene menos independencia para fallar contra el poder.
El salto en las cifras impresiona, pero conviene leerlo con cuidado. En enero de 2025, la propia JNJ había advertido que el Poder Judicial solo le reportó 33 plazas vacantes y presupuestadas, según la JNJ. Año y medio después, las convocatorias suman 600 plazas, más de dieciocho veces esa cifra. El salto no mide la ambición de la Junta, sino las plazas que el Poder Judicial informó como vacantes: la JNJ solo convoca lo que ese poder le reporta. La Junta organiza estos concursos con un presupuesto institucional que para 2026 asciende a S/ 46.4 millones, según su propia resolución de administración. Los sueldos y los despachos de esos 600 jueces, en cambio, dependen del presupuesto del Poder Judicial, el mismo que Tello denuncia recortado. La apuesta por la cobertura es clara, pero el dinero y las convocatorias no alcanzan si el sistema sigue generando desconfianza desde dentro.
La desconfianza que no se repara por decreto
El caso de Richard Concepción Carhuancho ilustra la fractura. La JNJ lo suspendió preventivamente por seis meses, en el marco de un procedimiento disciplinario, según informó Radio Master el 11 de junio de 2026. Seis semanas después, el TC lo apartó de un caso penal concreto porque presentó diapositivas, en un curso en el instituto Udeapolis, con imágenes de los investigados como parte de un presunto organigrama criminal, lo que a juicio del tribunal "evidentemente pone en entredicho la objetividad del juez". El contraste es incómodo: en la misma semana en que la JNJ promete 600 jueces nuevos e imparciales, el TC recuerda que uno de los magistrados más mediáticos del país ya había perdido la apariencia de imparcialidad antes incluso de ser suspendido.
Lo que está en juego para el ciudadano
Para un ciudadano que espera una sentencia de alimentos, un desalojo o una reparación por un accidente de tránsito, estas discusiones institucionales pueden parecer lejanas. No lo son. Cada juez provisional es un fallo que puede torcerse por presiones externas; cada expediente acumulado es un derecho que espera turno en un anaquel. Los 600 nuevos jueces que la JNJ se propone nombrar son una buena noticia, pero solo si llegan a un sistema que no los devore. La desconfianza que el TC acaba de documentar no se cura con más nombramientos: exige controles que funcionen antes de que el juez llegue al estrado, no después de que la opinión pública lo señale. Para quien aguarda una decisión, la diferencia entre un juez que falla con las manos libres y otro que mira de reojo al poder no es una abstracción: es su pensión, su casa o su indemnización resueltas a tiempo y sin presiones.