31.000 pistolas contra 50.000 extorsiones: la ecuación que no cierra
La compra histórica de armamento para la PNP es necesaria, pero choca con un sistema de investigación colapsado, una ruta de contratación bajo sospecha y una impunidad que el rearme por sí solo no resuelve.
Por Qhawaq
El lunes 23 de junio de 2026 el Ministerio del Interior anunció la adquisición de 31,045 pistolas para la Policía Nacional, una inversión de 29.5 millones de dólares que cierra una brecha de más de quince años sin renovación integral de armamento Andina. Ese mismo día, el Poder Judicial condenó a seis años de prisión efectiva al suboficial Edwin Mendoza por pedir una coima de S/4,000 a un conductor para no imponerle una papeleta La República. Y también ese mismo día, Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, admitió desde la Base Naval del Callao su participación en el secuestro de dos empresarios en 2020 Diario Correo. La coincidencia no es solo cronológica: revela la desconexión entre el gasto en equipamiento y los resultados en la lucha contra el crimen.
La compra de pistolas es, en principio, una buena noticia. Nadie puede oponerse razonablemente a que un policía tenga un arma moderna en lugar de una que lleva más de una década en servicio. Pero la ruta elegida para la adquisición merece atención. La licitación internacional lanzada en octubre de 2025 fue anulada de oficio por presuntas irregularidades, luego de que varios fabricantes denunciaran que las bases del concurso estaban diseñadas a la medida de una sola empresa La República. El Mininter optó entonces por un encargo directo a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.), al amparo de la Ley 31684, una norma que establece la preferencia por la industria nacional de defensa pero que, en la práctica, ha servido para eludir la comparación de ofertas que exige la Ley de Contrataciones del Estado. FAME, a su vez, enfrenta una demanda por 50 millones de dólares de la empresa estadounidense UWS por presunto plagio de tecnología militar en armas vendidas a la PNP y al Ejército La República. El proveedor final de las pistolas, la israelí IWI, ofertó directamente al Mininter cada arma a 949 dólares en noviembre de 2025; cinco meses después, a través de FAME, el precio ascendió a 1,049 dólares por unidad, una diferencia de 100 dólares que multiplicada por 31,045 armas suma más de tres millones de dólares La Noticia Renovada.
Pero el problema de fondo no está en el precio de las pistolas. Está en lo que el Estado no compra. Este diario documentó que entre enero de 2024 y abril de 2026 se registraron 53,958 denuncias por extorsión en el Perú y apenas 708 condenas, una tasa de efectividad del 1.3 por ciento. El sistema judicial peruano no está colapsado por falta de armas: está colapsado por falta de investigación. La Fiscalía dispone de solo cuatro despachos supraprovinciales especializados en extorsión y sicariato, creados recién en septiembre de 2024 MPFN. En todo el territorio nacional hay menos de cinco equipos Cellebrite, dispositivos forenses para extraer datos de celulares incautados, lo que provoca que los peritos demoren meses o incluso un año en revisar un solo teléfono; mientras tanto, más de 1,100 celulares esperan análisis y las carpetas fiscales se paralizan Caretas. La ecuación es elocuente: 29.5 millones de dólares en pistolas, pero no hay un plan equivalente para dotar de tecnología forense a quienes deben probar los delitos que esas pistolas pretenden prevenir.
Y luego está el factor humano. El caso del suboficial Mendoza no es una anécdota: es un síntoma. Un agente que debía fiscalizar el tránsito utilizó su autoridad para extorsionar a un ciudadano. Esa misma lógica, la del uniforme como instrumento de beneficio privado, es la que carcome la confianza ciudadana en la institución policial. De poco sirven 31,045 pistolas nuevas si una fracción de quienes las portan puede usarlas no para proteger, sino para amenazar.
Por último, está el adversario. El Monstruo, un criminal confeso que pidió perdón por secuestrar empresarios, representa a un crimen organizado que opera con sofisticación, financiamiento y capacidad de corromper. Contra ese enemigo, una pistola nueva es útil; pero mucho más útil sería un sistema de inteligencia financiera que siga el dinero, fiscalías con capacidad de desplegarse en todo el territorio y un régimen de protección de testigos que haga posible que las víctimas declaren sin miedo a represalias.
El rearme policial era necesario. Pero presentarlo como un avance en la lucha contra el crimen sin abordar la parálisis investigativa, la opacidad de las contrataciones y la corrupción interna es construir un relato incompleto. El Estado peruano sabe comprar fierros. Lo que aún no ha aprendido es a hacer que la justicia llegue antes que la próxima extorsión.