Yamel Romero y la promesa de la «auténtica regionalización»: el oportunismo político detrás del desmantelamiento de los gobiernos regionales

Yamel Romero Peralta, exalcalde y candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, viajará a Lima para pedirle a la presidenta electa Keiko Fujimori que desactive los actuales gobiernos regionales de ámbito departamental por considerarlos «anacrónicos e inútiles» y relance una «auténtica regionalización» con regiones integradas por varios departamentos, como la llamada «Región Sur Andina» que uniría Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno El Búho. La propuesta suena ambiciosa. También suena a campaña.

Faltan 72 días para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026. En ese calendario, la iniciativa de Romero no es una propuesta de gobierno: es un discurso de tribuna que capitaliza la frustración legítima de una ciudadanía harta de obras inconclusas y burocracia regional. Pero entre la frustración y la demolición institucional hay un trecho que merece examen.

El referéndum que ya fracasó

La «auténtica regionalización» que Romero invoca ya se intentó. El 30 de octubre de 2005, el gobierno de Alejandro Toledo sometió a referéndum la fusión de departamentos en cinco macro regiones. Votaron 7.2 millones de peruanos. El resultado fue un rechazo contundente: 15 de los 16 departamentos consultados dijeron No, con márgenes que llegaron al 87.74 % en Áncash. Solo Arequipa aprobó, con un 53.55 %, la integración de la Región Sur Andina Wikipedia. Como Puno y Tacna la rechazaron, la fusión murió.

Romero atribuye ese fracaso a un error de diseño: se votó región por región en lugar de un paquete nacional. Pero la evidencia sugiere un problema más profundo: ninguna comunidad acepta diluir su identidad territorial y su acceso al presupuesto regional sin garantías claras de que la fusión mejorará sus condiciones de vida.

Lo que esconden las cifras de ejecución

El candidato sostiene que los gobiernos regionales «generan un gasto innecesario» y duplican funciones municipales. La realidad es más compleja. Según la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), las regiones ejecutan en promedio más del 76 % de su gasto de inversión, muy por encima del 42 % del gobierno central y del 40 % de los municipios RPP.

Esto no significa que todo funcione. La Contraloría alertó en septiembre de 2025 que cinco gobiernos regionales, Áncash, Callao, Huánuco, Lambayeque y Tumbes, ejecutaban menos del 50 % de sus presupuestos de inversión, que en conjunto sumaban S/ 1424 millones Contraloría. Pero el problema no es la existencia del nivel regional: es la falta de capacidad técnica y de mecanismos de control. Desaparecer la institucionalidad no corrige la incompetencia; la traslada.

La trampa constitucional

La propuesta de Romero omite un detalle central: los gobiernos regionales existen por mandato constitucional. Los artículos 188 a 199 de la Constitución de 1993 establecen la descentralización como «política permanente y obligatoria del Estado» y definen tres niveles de gobierno: nacional, regional y local Constitución, arts. 188-199. Desactivarlos exigiría una reforma constitucional que, según el artículo 206, requiere mayoría absoluta del Congreso y ratificación por referéndum, o el acuerdo de dos legislaturas sucesivas con más de dos tercios de los votos en cada cámara Constitución, art. 206.

En el nuevo Congreso bicameral, donde ninguna fuerza tiene mayoría propia y la transición presidencial apenas comienza, esa reforma es políticamente inviable Diario EP. Romero lo sabe. Y sin embargo la propone, porque su función no es legislativa sino electoral: posicionarlo como el candidato que «sí piensa en grande» frente a una ciudadanía agotada.

Lo que el ciudadano necesita, no lo que el candidato declama

El habitante de Arequipa, de Huánuco o de Tacna no necesita un nuevo mapa administrativo. Necesita que el hospital que se empezó a construir hace tres años se termine. Que la carretera que conecta su provincia con el mercado regional no se la lleve cada temporada de lluvias. Que el presupuesto que ya existe se ejecute con transparencia y sin corrupción.

La «auténtica regionalización» es un eslogan que promete refundar para no rendir cuentas sobre lo que ya existe. Mientras el debate público se entretiene con maquetas institucionales, los S/ 1424 millones que cinco regiones no lograron ejecutar en 2025 siguen siendo la factura real que pagan los ciudadanos: en salas de espera colapsadas, en pistas sin asfaltar, en postas sin medicinas. El camino no es demoler: es construir capacidad donde ya hay estructura.