El Ejecutivo anunció demandas al TC que no ha presentado: la defensa fiscal que no se ejerce

El anuncio existió; la demanda, no

La vía constitucional existe y el Gobierno la anunció, pero no la usó. El 8 de agosto, el ministro de Economía, Elmer Cuba, dijo que presentaría ante el Tribunal Constitucional cuatro demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que "mueven la aguja" de la caja fiscal: pensiones de maestros jubilados, pensiones de policías y militares, el incentivo Cafae y los beneficios al régimen CAS Andina. Casi un mes después, el 7 de setiembre, el presidente del TC, Pedro Hernández, declaró a Canal N que el Ejecutivo "todavía no ha presentado" esos recursos: "que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas" Correo.

No es un problema de plazo. El artículo 203 de la Constitución faculta al Presidente de la República a interponer la acción de inconstitucionalidad, y el artículo 99 del Código Procesal Constitucional le da seis años desde la publicación de la norma. Tampoco es un problema del Tribunal: Hernández aclaró que el TC no puede actuar de oficio; si el Ejecutivo no interpone, no hay qué analizar Correo.

Lo que cuesta el silencio

Cada mes sin demanda es un mes en que el gasto sin financiamiento sigue corriendo. El Consejo Fiscal contó 229 leyes con impacto fiscal adverso promulgadas por el Congreso del periodo 2021-2026; solo en las 41 con estimación disponible, el costo anual suma S/49,106 millones El Búho. Si se añade lo aprobado en 2026, el impacto anual cuantificado llega a S/60,506 millones El Búho.

El propio ministro puso el número al riesgo: si el MEF se queda pasivo, el déficit subiría de 1.8% este año a 3% el próximo y se mantendría ahí el resto del mandato, con la deuda pública subiendo a cifras peligrosas y el riesgo de perder el grado de inversión Andina. Cumplir esas leyes sin perder la calificación, dijo, obligaría a subir el IGV dos puntos Andina.

Mientras tanto, el presupuesto 2027 que el Gobierno presentó asciende a S/266,506 millones, crece 3.5% y se ajusta a un déficit de 1.4% del PBI El Peruano. Ese techo convive mal con leyes que, por fuera, comprometen miles de millones.

Demandar no es confrontar: es administrar la caja

El Ejecutivo pide más poderes para legislar y no usa el poder que ya tiene para frenar el gasto. Hoy tramita 66 solicitudes de facultades legislativas por 120 días RPP y sustenta el presupuesto; en paralelo, deja dormidas las demandas que anunció. Hernández recordó que el Ejecutivo es el único responsable de la administración de la hacienda pública Correo. Esa responsabilidad no se delega en el Tribunal ni se negocia con el Congreso: se ejerce.

Para el ciudadano, esto no es un pleito entre poderes. Si las leyes con gasto sin financiamiento se quedan, el ajuste se paga de tres formas: dos puntos más de IGV, según el propio ministro Andina; menos inversión en hospitales y comisarías, o más deuda que encarece el crédito de todos. La demanda que no se presenta es, al final, una cuenta que alguien pagará con su bolsillo.