La Contraloría también vigila a la Defensoría: ascensos y contratos tras visitas a Josué Gutiérrez

La Defensoría puede ser vigilada, y eso ya es una noticia

Lo que la Contraloría describe no es un pleito gremial ni un desliz de Recursos Humanos: es un patrón. Josué Gutiérrez Cóndor dirige la Defensoría del Pueblo desde el 19 de mayo del 2023 RPP, y los informes de control difundidos por Cuarto Poder muestran que varias personas sin experiencia previa en el Estado consiguieron contratos y plazas poco después de reunirse con él. El caso más preciso es el de Lucía Yalán Cano, que entró al despacho del defensor el 12 de junio de 2024 a las 9:05 a. m. para una reunión de más de dos horas: sin haber trabajado antes para el sector público, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores el 2 de agosto y su primera orden de servicio el 12 de agosto; acumuló cinco y luego saltó al régimen CAS como asistente administrativa RPP. Con Nicole Mingos Medrano se repitió la secuencia: dos visitas el 30 de julio de 2024, Registro Nacional de Proveedores tres días después, cuatro órdenes de servicio y contratación CAS Gestión. Ambas negaron que su ingreso tuviera relación con las reuniones Gestión.

El problema no es quién entra, sino quién sube

La gravedad no está en los contratos de locación: está en los puestos de dirección. Betbiary Díaz Coral fue nombrada el 25 de julio de 2024 jefa del Programa del Derecho a la Salud, un cargo que exige cuatro años de experiencia específica; los documentos que presentó solo acreditaban siete días de trabajo, consignados como tres años y dos meses Gestión. Dejó la jefatura en enero de 2025, pero el defensor la reincorporó como asesora I y el 5 de junio de 2026 la ascendió a adjunta RPP. El caso de Margarita Yahuana Correa es el más ilustrativo: excolaboradora parlamentaria del entorno de Gutiérrez, participó en el concurso interno del régimen 728 y a la vez recopiló y consolidó la información administrativa de la convocatoria en la que postulaba Caretas. Su sueldo se duplicó de 7,050 a 14,906 soles y desde el 9 de septiembre de 2025 es directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto RPP. No se puede ser juez y parte, y aquí se lo fue.

Un contrapeso que acumula señales, no solo una

El episodio no es aislado. En junio de 2025 la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Gutiérrez por el presunto delito de nombramiento ilegal, tras la designación de María del Carmen Olórtegui como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad en noviembre de 2024 La República. Antes, la Contraloría había detectado la contratación irregular de dos personas que conservaban afiliación activa a Alianza para el Progreso en cargos de confianza La República. La abogada especialista en contratación pública Jhoanna Rodríguez lo resumió así: "La Defensoría debería cuidarnos de nosotros, pero somos quienes debemos cuidarnos de la Defensoría del Pueblo" RPP. No es un problema de una gestión: es la pregunta de si un órgano constitucional autónomo, creado para vigilar al Estado, puede ser capturado por las mismas prácticas que debe controlar.

Lo que esto significa para el bolsillo y los derechos del ciudadano

Todo esto se paga con presupuesto público: la plaza de Yahuana cuesta hoy 14,906 soles mensuales RPP. Pero el costo más alto no es el dinero. La jefatura del Programa del Derecho a la Salud, el programa que debe velar por pacientes y usuarios de hospitales, se llenó con alguien que no acreditaba la experiencia exigida RPP. Cuando la institución que recibe quejas por malas praxis, por servicios negados o por abusos de autoridad dedica sus cargos a la cercanía antes que al mérito, el que queda sin voz es el ciudadano de a pie. La Defensoría no es un tribunal ni una oficina de personal: es el último mostrador de quien no tiene poder. Si ese mostrador se mira a sí mismo, el país pierde un contrapeso. La pregunta que deja este informe no es gremial ni política: es si la Defensoría de Gutiérrez todavía puede cuidarnos.