Minería ilegal: el REINFO vence en cinco meses y las facultades apuntan a menos control ambiental

Cinco meses. Ese es el plazo que le queda al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) antes de expirar el 31 de diciembre de 2026, la fecha que fijó la Ley 32537 promulgada al cierre del año pasado, según Gestión. El 30 de julio, dos días después de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia, la letra pequeña del pedido de facultades legislativas de su gobierno reveló una dirección distinta a la que muchos esperaban: menos controles ambientales para la minería, no más, según reveló Infobae. La decisión sobre qué hacer con la minería informal e ilegal, heredada de cinco ampliaciones sucesivas, ya no admite postergarse.

El registro que se volvió escudo

El REINFO nació para formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal. Con los años se convirtió en otra cosa. En 2025, el Ministerio de Energía y Minas excluyó 50,565 registros porque no reportaban actividad minera real, según Andina, y el padrón permanece cerrado a nuevas inscripciones. La quinta ampliación se aprobó en el Congreso en diciembre de 2025, pese al rechazo de gremios empresariales y organizaciones civiles, como documentó La República. El Observatorio de Minería Ilegal ha pedido al nuevo gobierno eliminar el registro dentro de sus primeros 100 días, según Correo. El problema no es el registro en sí, sino que una inscripción vigente sirve para operar, transportar y vender oro sin fiscalización efectiva, incluso cuando la extracción ocurre donde la ley lo prohíbe.

Cuando el oro ilegal iguala al legal

La escala ayuda a entender por qué la decisión importa. El Instituto Peruano de Economía calcula que en 2025 el oro ilegal exportado alcanzó unos 12,000 millones de dólares, igualando por primera vez al oro de origen legal; los envíos ilegales se multiplicaron por cuatro desde 2019, mientras los legales apenas se duplicaron, según el IPE. La maquinaria que blanquea ese metal también creció: al 2025 se registran, en promedio, 82 nuevas procesadoras y 58 comercializadoras de oro cada mes. No se trata de un fenómeno marginal en la periferia del país, sino de una economía del tamaño de la minería formal.

La letra pequeña

En ese contexto llega el pedido de facultades legislativas por 120 días. Entre sus medidas, el borrador propone aprobar de forma automática instrumentos de gestión ambiental que queden fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ampliar el silencio administrativo positivo (una solicitud se entiende aprobada si la entidad no responde a tiempo) y permitir que el Senace certifique sin las opiniones técnicas vinculantes del Sernanp, el Serfor y la Autoridad Nacional del Agua, detalla Infobae. En exploración, proyectos de hasta 40 plataformas de perforación podrían autorizarse con una ficha técnica en 10 días. Las áreas naturales protegidas siguen resguardadas, pero cabeceras de cuenca, humedales, bofedales y bosques secos, que no tienen categoría oficial, quedarían fuera de esa protección; en la Amazonía, cerca de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas aún carecen de reconocimiento legal. El 28 de julio la minería fue la gran ausente del discurso económico presidencial, según El Comercio; dos días después, la política pública apareció en la letra pequeña, y apunta a aligerar controles.

Lo que termina en el río

La distancia entre el trámite y la vida es corta. La minería aurífera deforestó 30,846 hectáreas en la Amazonía sur del país entre 2021 y 2024, según el monitoreo satelital del MAAP, y el mercurio que se usa para separar el oro termina en los ríos, los peces y el cuerpo de quienes viven aguas abajo. El propio IPE advierte que el Índice de Densidad del Estado, que mide el acceso a agua, salud, educación y seguridad, ha caído en los distritos con más minería aurífera informal, como los de La Libertad y Madre de Dios: donde avanza la extracción ilegal, retrocede el Estado. Por eso combatirla, concluye ese informe, exige mucho más que cerrar un registro; exige recuperar la presencia efectiva del Estado en esos territorios.

Un gobierno puede prometer una lucha frontal contra la minería ilegal y, al mismo tiempo, pedir menos filtros ambientales para la inversión minera. Los dos objetivos no son idénticos, y la diferencia se juega en el detalle: quién revisa, con qué plazos y con qué información antes de firmar un permiso. En los próximos cinco meses, entre el vencimiento del REINFO y el debate de las facultades, el país decidirá algo concreto que no aparece en los discursos: si la línea que separa el oro legal del ilegal se sostiene, o si se vuelve, otra vez, una formalidad.