Los S/906 millones del Congreso: el despilfarro que la bicameralidad prometió combatir
En cinco años el Parlamento duplicó el gasto en planillas y blindó sus privilegios laborales fuera del sistema SERVIR, mientras el nuevo Congreso bicameral se instala con gestos de austeridad que no alcanzan ni para el maquillaje.
Por Qhawaq
La duplicación silenciosa
En 2021 el Congreso gastó S/402.9 millones en planillas. En 2025 esa cifra alcanzó S/906.2 millones El Búho. Es una duplicación completa en apenas cinco años, con escalones anuales que no se detuvieron ni en pandemia ni en crisis política: S/602.1 millones en 2022, S/644.5 millones en 2023, S/720.4 millones en 2024. Mientras el país discutía adelantos de elecciones y reformas constitucionales, el gasto en personal del Parlamento crecía sin que ninguna autoridad le pusiera un freno. No fue un descuido administrativo: fue una decisión sostenida.
El blindaje legal: fuera de SERVIR, dentro del festín
El Congreso está excluido del régimen de la Ley SERVIR, el sistema que promueve la meritocracia en el sector público El Búho. Esta exclusión no es un tecnicismo jurídico: significa que los trabajadores del Parlamento no ingresan por concurso público y que sus remuneraciones escapan al control estandarizado que rige para el resto de la administración estatal.
Cada congresista contrata hasta siete trabajadores de confianza. Los sueldos base van de S/2,988 a S/10,924, pero las boletas revelan ingresos reales de hasta S/15,824 para un asesor principal, gracias a una cascada de bonos aprobados por la Mesa Directiva Caretas. La lista es reveladora: bono por legislatura de 3 UIT (S/16,500, dos veces al año, prorrateado a S/2,800 mensuales para hacerlo menos visible), S/100 diarios por alimentación (S/2,100 al mes), un sueldo adicional por escolaridad se tenga o no hijos, S/2,200 por vestimenta en marzo sin obligación de presentar comprobantes, S/11,500 por ampliación de legislatura en junio, y un bono por cierre de legislatura que en 2025 llegó a S/30,000, más gratificaciones, CTS y un bono vacacional independiente del descanso pagado Caretas.
En diciembre de 2025, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, se firmó un convenio colectivo con el sindicato que amplía estos beneficios para el periodo 2026-2027. Cuando el programa Punto Final solicitó una copia del documento, la jefa de Recursos Humanos del Congreso respondió que no figuraba en el sistema institucional RPP. Un proyecto de ley del excongresista Carlos Anderson para restringir estas bonificaciones fue archivado Diario Correo.
La bicameralidad como cortina de humo
El nuevo Congreso bicameral se instala este 24 de julio con un discurso de renovación institucional. Pero el presupuesto cuenta otra historia: se prevén S/180 millones solo para implementar la bicameralidad Congreso, que se suman a una planilla que ya supera los S/900 millones. La promesa de que dos cámaras traerían más control y menos despilfarro choca con la realidad de un Parlamento que duplicó su gasto en personal antes incluso de estrenar el nuevo diseño institucional.
El maquillaje de la austeridad
Fuerza Popular anunció este fin de semana que sus congresistas de Lima y los reelectos renunciarán a los gastos de instalación del periodo 2026-2031 Caretas. El gesto es simbólicamente correcto, pero financieramente insignificante frente al problema real. Renunciar a ese bono mientras se sostiene y amplía una estructura de S/906 millones en planillas es como barrer la vereda mientras el techo se derrumba.
Lo que S/906 millones significan fuera del Palacio Legislativo
Conviene traducir esa cifra a la vida cotidiana. El presupuesto del sector Salud para 2025 asciende a unos S/30,373 millones, aproximadamente S/890 por peruano (Universidad Continental). Los S/906 millones que el Congreso destina solo a su personal representan más de S/26 por cada uno de los 34.2 millones de habitantes del país (INEI). No es un número abstracto: es el costo de oportunidad de un Parlamento que gasta en sí mismo lo que equivale al presupuesto de varios hospitales regionales juntos, mientras un paciente oncológico espera meses por una cita en el sistema público y las postas rurales carecen de medicamentos básicos.
Esa es la brecha real. No la que separa al Ejecutivo del Legislativo, sino la que separa a quien legisla de quien espera que la ley le alcance para vivir con dignidad. Mientras el Congreso se blinda con bonos, convenios colectivos inaccesibles y exclusiones legales a su medida, el ciudadano financia dos veces: con sus impuestos y con los servicios que nunca llegan.