Los nuevos millonarios del oro ilegal: qué puede decomisar el Estado y qué sigue fuera de su alcance
El Ejecutivo anuncia perseguir los patrimonios del oro ilegal, pero la extinción de dominio está atada al proceso penal y el metal ya circula por la cadena formal. El riesgo es confiscar al eslabón más débil.
Por Qhawaq
El botín creció más rápido que la herramienta
El anuncio de perseguir el patrimonio de los "nuevos millonarios" del oro ilegal llega cuando esa economía ya superó a la legal. El metal triplicó su cotización en siete años: de US$1,300 la onza en 2019 a US$3,900 en 2026, según Gestión. Con ese estímulo, el 54% del oro exportado en el primer semestre de 2026 fue de origen ilícito, la primera vez que el oro ilegal supera al legal, según el Instituto Peruano de Economía (Gestión). Para todo el año, el IPE calcula que las exportaciones ilegales valdrán entre US$16,000 y US$18,000 millones, casi el doble del resto de economías ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal (Radio Moderna). El desfase es estructural: Perú produce 109 toneladas al año y exporta 209 (Gestión).
La herramienta anunciada está atada a lo lento
La extinción de dominio nació en 2018 con el Decreto Legislativo 1373 (Gestión) y fue concebida como un proceso autónomo del penal (Gestión). La Ley 32326 de 2025 lo condicionó a una sentencia firme (Gestión y Wayka); la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostiene que esa reforma "debilita el núcleo" del sistema de recuperación de activos (Gestión). El fiscal Cano lo resume: hay que esperar sentencias firmes "que pueden tardar 5 o 6 años" (Wayka). La Comisión de Justicia aprobó el 28 de octubre un dictamen para devolverle la autonomía, con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención (Gestión), pero por ahora es solo un proyecto.
Rastrear cuentas no es confiscar al eslabón débil
El plan supone capacidad de rastreo, pero esa capacidad no está demostrada. El oro ilícito se blanquea en la cadena formal de comercialización: en los registros de exportación, según el IPE, "no salen como oro ilegal, sino salen como oro únicamente" (Radio Moderna). El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tiene más de 84,000 inscritos, de los cuales solo alrededor del 2% logró formalizarse (Radio Moderna). Perseguir bienes a nombre de terceros se apoya en la "carga dinámica de la prueba" prevista en el Decreto Legislativo 1373: la fiscalía presenta indicios y el titular aparente debe probar el origen lícito, un punto que analiza Idealex. El riesgo es incautar al equivocado: el Pronabi aún controla 160 inmuebles de la Universidad Alas Peruanas pese a dos órdenes judiciales que mandan devolverlos (La República). Decomisar sin rastreo financiero produce reversiones, no patrimonio para el Estado.
Lo que esto significa para el bolsillo y la seguridad
El ciudadano paga dos veces cuando la estrategia falla. Primero, en seguridad: la minería ilegal concentra homicidios y extorsiones en sus regiones y ocupa territorios de proyectos formales por más de US$12,000 millones, lo que resta empleo, impuestos y canon (Radio Moderna). Segundo, en derechos: si el Estado confisca sin inteligencia financiera, el resultado son devoluciones y litigios, no patrimonio recuperado; en sus tres primeros años, el subsistema de extinción de dominio recuperó poco más de S/173 millones (Altavoz), una fracción de lo que hoy mueve el oro ilegal. La prueba no será el anuncio, sino si la UIF, Sunat y el Ministerio Público llegan a las cuentas y a las cabezas de la cadena antes de que el metal siga saliendo como si fuera legal.