El mercado de puestos en el Congreso: un falso asesor habría cobrado hasta S/15,000 por ofertas laborales falsas

El Congreso es, por mandato, el poder que fiscaliza al resto del Estado, pero su propia casa tolera un mercado de puestos que nadie controla. La denuncia contra quien se hacía pasar por asesor del diputado Harvey Colchado, y que habría cobrado hasta S/15,000 por ofertas laborales falsas según Diario Correo, no es una anécdota de estafa: es el síntoma de un sistema de contratación parlamentaria que descansa en la confianza del legislador y carece de control efectivo.

Un estafador con credencial de Parlamento

El engaño fue creíble porque se escenificó dentro del recinto. Hernán Araníbar Dueñas, de 61 años, fue denunciado por presuntamente ofrecer puestos de trabajo en el Congreso a cambio de pagos de hasta S/15,000. Se presentaba como asesor legislativo cercano al diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación, y citaba a los interesados en el Parlamento, donde les ofrecía recorridos por las instalaciones para sostener la ficción, según el reportaje de "Punto Final" recogido por Diario Correo. Según esa versión, una persona entregó S/15,000 por un supuesto puesto de subjefe de seguridad y una oferta laboral para su esposa, y otra pagó S/1,740 por trámites que terminaron en un contrato de locación de servicios. Los empleos prometidos tenían remuneraciones de entre S/5,500 y S/10,500 mensuales Diario Correo.

Colchado negó cualquier vínculo: "No tengo ningún vínculo con él. Viene estafando y tomando mi nombre", declaró a La República. Araníbar, por su parte, dijo que "no hay pruebas de eso" La República. La División de Estafas de la Dirincri lo intervino cuando llegó al Congreso acompañado de uno de los denunciantes Diario Correo. No es un recién llegado a la trampa: registra denuncias previas por presuntas ofertas laborales en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Municipalidad de Lima Diario Correo.

La confianza abre la puerta

El mercado de puestos prospera porque la contratación del despacho es, en esencia, un acto de confianza. Cada congresista contrata como personal de confianza a quien lo asiste en su despacho; y, aunque existen reglas y perfiles, en infinidad de casos se contrata "por amiguismo o para pagar servicios en campaña" sin cumplir los requisitos, según describió el ex congresista Antero Flores-Aráoz en La Razón. Para él, la contratación del Parlamento "no se debe a falta de normatividad, sino al incumplimiento de ella", con una Contraloría que, tratándose del Congreso, "padece de creciente miopía" La Razón.

Ese es el punto ciego. Un intermediario puede vender plazas porque la decisión final no pasa por un concurso abierto sino por la voluntad de un diputado, y porque el órgano que fiscaliza a todos mira a su propia planilla con menos lupa. Mientras el Congreso fiscaliza al resto del Estado, su propio sistema de personal tolera un mercado informal del que este caso es apenas un eslabón.

Lo que paga el ciudadano

El ciudadano paga dos veces: en su bolsillo y en la credibilidad del control. Detrás de los S/15,000 hay una persona que, según la denuncia, entregó dinero para conseguir un empleo y se quedó sin el puesto y sin los ahorros. Detrás de cada plaza repartida por confianza hay un cargo que no se ganó por mérito y un sueldo financiado con impuestos que no garantiza llegar a quien mejor lo haría. Y detrás de todo está la autoridad del Parlamento: si en su propia casa se venden puestos, su fuerza para exigir cuentas a los demás se debilita. El daño no lo sufre solo la institución: lo sufre el derecho de cualquier peruano a que el empleo público sea, de verdad, público.