La ley Rospigliosi archiva el caso Aguinaga: lo que la prescripción deja sin juzgar

Un archivo que no cierra un caso, cierra una cuenta pendiente

La investigación por las esterilizaciones forzadas del fujimorato no terminó por falta de pruebas. Terminó por una regla de prescripción que, aplicada a un expediente de esta magnitud, deja sin juicio a miles de mujeres y sin sanción a medio centenar de investigados. Lo que se archivó el 22 de octubre no es un caso aislado: es la aplicación concreta de la Ley 32107.

La norma y la conclusión que la contradice

La Ley 32107, publicada el 9 de agosto de 2024, ordena en su artículo 5 que nadie sea procesado por delitos de lesa humanidad por hechos anteriores al 1 de julio de 2002. El 22 de octubre, la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial la aplicó para archivar la investigación contra 52 personas, entre ellas Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Fujimori y hoy senador de Fuerza Popular. La norma fue promovida por el fujimorismo y lleva el nombre de su impulsor, Fernando Rospigliosi. La misma resolución reconoce que las intervenciones se practicaron sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado y que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, según La República. El fiscal describe el delito y, acto seguido, lo cierra por prescripción.

La cuenta que sí se puede medir

Una sola resolución, de más de 6,000 páginas, deja sin juicio a 4,172 mujeres de 22 regiones y a 52 investigados. El programa esterilizó a más de 314,000 mujeres y 24,000 hombres entre 1996 y 2000, según cifras recogidas por la Corte Interamericana. La norma no se detiene ahí: tras la decisión del Tribunal Constitucional se abre paso a que casos como La Cantuta, Barrios Altos, El Santa, Pativilca, Accomarca y Putis puedan ser declarados prescritos, según Servindi. El archivo contradice además lo que la Corte IDH ordenó en marzo de 2026 al condenar al Estado por la esterilización y muerte de Celia Ramos: investigar y sancionar. El caso de Ramos figura dentro del expediente que acaba de cerrarse.

Qué puede pasar y qué significa para el ciudadano

El archivo no es necesariamente el punto final. El Instituto de Defensa Legal impulsará la elevación de actuados para que un fiscal superior revise la decisión, y la Sala de Derechos Humanos de la Corte Suprema ya ha inaplicado la Ley 32107 en más de 50 casos. El Tribunal Constitucional la mantuvo en diciembre de 2025 por un margen de cuatro votos contra tres, un equilibrio frágil que deja abierta la discrepancia entre jueces y fiscales. Para una mujer como Dionicia Calderón, que vendió cinco gallinas para viajar a Lima a reclamar, la prescripción se traduce en operaciones que nadie reparó, en tratamientos que sigue costeando de su bolsillo y en la certeza de que un abuso cometido por el Estado puede expirar antes de que alguien responda. No es una discusión de plazos procesales: es la línea que separa el derecho de las víctimas a ser escuchadas del privilegio de quienes decidieron y no responderán.