El Mindef admite que la política contra las economías ilegales no funcionó: qué falta además de operativos

La admisión: el diagnóstico ya no está en discusión

"Las políticas que se han desplegado, hasta el momento, no han surtido efecto", reconoció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en la Expo Amazónica Ucayali 2026, según Gestión. No es una frase suelta: la dice quien conduce la cartera de Defensa. El dato que la respalda es duro: la minería ilegal e informal de oro ya supera en volumen a la producción minera formal y mueve más de US$12,000 millones, según el propio Belaúnde Gestión. Con el oro cerca de US$4,000 por onza Gestión, el incentivo criminal pesa más que el esfuerzo estatal.

Operativos que no se traducen en control del territorio

La actividad existe, pero no produce resultados medibles. El PRECIP erradicó más de 1,624.40 hectáreas de coca al 21 de octubre, frente a una meta de intervención de 16,250 hectáreas para 2026, informó el Mininter El Comercio. En paralelo, el monitoreo satelital del MAAP detectó más de 700 dragas de minería ilegal en 13 ríos de Loreto entre 2025 y 2026 La República, con más de 500 hectáreas deforestadas en el último año alrededor del río Marañón La República. Un operativo como Ayaymama destruyó en octubre infraestructura valorizada en aproximadamente S/2,045,220 La República, pero la presión no cede: pese a las intervenciones de las autoridades, en los ríos las dragas se ven como cualquier otra embarcación La República.

El nudo es institucional: quién conduce y quién mide

El propio Belaúnde dejó ver el desorden cuando advirtió que las plantas que procesan el mineral declaran más del doble de lo que declaran las minas, lo que significa que entra mineral de origen no formal Gestión. ¿Quién mide los resultados con indicadores comparables: hectáreas recuperadas frente a hectáreas deforestadas, oro formalizado frente a oro de origen dudoso?

Lo que se juega el ciudadano

El costo no es abstracto. Hay 66 proyectos mineros en 19 departamentos con US$64,075 millones de inversión estimada que hoy están condicionados por la minería ilegal y la permisología, según el Minem Andina. En agosto, la Defensoría del Pueblo registró 188 conflictos sociales, 92 de ellos socioambientales, y el 66.3% de estos vinculados a la minería Andina. Y el mercurio, cuyo uso indiscriminado señaló el propio ministro Gestión, es parte del daño ambiental de una explotación ilegal que, según el seguimiento satelital en Loreto, está generando contaminación de fuentes de agua de las que depende la población La República. Si la confesión no se convierte en indicadores y en una autoridad que responda por ellos, seguirá siendo solo una frase.